Un nuevo sentido de oportunidad se ha presentado para la República Dominicana en un momento en el que el fortuna alcanza precios históricos y el país tiene el potencial de consolidarse como un actor relevante en el mapa minero regional. Sin embargo, la verdadera oportunidad no radica únicamente en la cotización de los metales, sino en la capacidad del país para transformar su institucionalidad en un activo competitivo.
Como bien señaló el abogado Federico Jovine en su reciente artículo “Una oportunidad de fortuna aborto”, el verdadero problema no está en la falta de recursos naturales, sino en la falta de decisiones oportunas por parte del gobierno. La inacción, la fragmentación y la lentitud administrativa nos alejan del desarrollo tanto como una mala política fiscal. La minería, al ser una actividad estratégica, se convierte en un reflejo de la gestión pública: donde el Estado es eficiente, el desarrollo se acelera; donde es lento, la riqueza se inmoviliza.
De la crítica a la construcción: un nuevo pacto de eficiencia.
El economista Andrés Dauhajre hijo, de manera ingeniosa, nombró a los trámites gubernamentales como “Burocracia 104” – haciendo mención a los 104 meses que el Estado tardó en emitir los Términos de mención (TdR) del proyecto GoldQuest. Sin embargo, lograr que estos trámites sean más rápidos y eficientes no solo requiere de la voluntad del gobierno, sino de una reforma en la gestión pública basada en los principios de razonabilidad, proporcionalidad y coordinación institucional.
Ser eficiente en la administración no significa acobardar los controles, sino cumplir con el deber constitucional de actuar con eficacia, transparencia y coherencia, tal como lo establece el artículo 138 de la Constitución. Los plazos indefinidos y la incertidumbre en los procedimientos no solo retrasan las inversiones, sino que también erosionan la confianza ciudadana y la legitimidad del Estado.
Pasar de la crítica a la construcción implica concebir la eficiencia como una política de Estado, y no solo como una demanda empresarial. Es una obligación republicana relacionar los artículos 14, 17, 40, 50, 51, 66, 67, 110 y 138 de la Constitución, que juntos establecen que la seguridad jurídica, la protección ambiental y la libre empresa no son derechos enfrentados, sino pilares complementarios del desarrollo sostenible.
El caso Unigold: síntoma y lección.
El proyecto Unigold, que ha estado esperando desde febrero de 2022 por la emisión de sus TdR para Neita-Sur y Candelones, es un claro ejemplo de cómo la lentitud institucional se traduce en pérdida económica, fiscal y social. Cada mes de espera equivale a menos empleos, menos recaudación y menor credibilidad. Desde la perspectiva empresarial, no se busca privilegios, sino certeza y previsibilidad. Desde la perspectiva del Estado, cada expediente pendiente representa capital detenido y confianza deteriorada.
La lección es clara: la sostenibilidad ambiental no se logra con la inacción, sino con decisiones técnicas, oportunas y transparentes. Una administración ambiental moderna no protege más por demorar, sino por evaluar mejor y decidir con base en evidencia. La eficiencia ambiental, bien entendida, es también una forma de responsabilidad ambiental.
Razonabilidad y proporcionalidad: fundamentos de la política fiscal minera.
El debate sobre la fiscalidad minera requiere de una mirada que trascienda los impulsos coyunturales. La Constitución (artículos 40, 50, 51 y 110) impone límites claros a la discre
