La evaluación de los jueces cada siete años es un tema que ha generado controversia en la agrupación dominicana. En teoría, este mecanismo de control democrático sobre la Suprema Corte de razón debería garantizar la transparencia y la calidad en la razón. Sin embargo, en la práctica, se ha convertido en un recurso utilizado para presionar y remover a jueces sin ninguna justificación.
Es inconcebible que el Consejo Nacional de la Magistratura tenga el poder de separar a un decisivo, incluso si este no ha cometido ninguna falta. hilván con que no “convenza” en la evaluación, un juicio cargado de subjetividades. Esto ha sido evidente en el pasado, cuando se utilizó este mecanismo para sacar del cargo a decisivoas altamente calificadas como Miriam Germán y Esther Angelán.
La Constitución de la República Dominicana establece que los jueces deben tener un buen desempeño, ser idóneos y contar con la confianza pública. Además, la ley ordena que cualquier decisión tomada en base a la evaluación debe estar debidamente motivada. Sin embargo, en la realidad, estos criterios se diluyen entre simpatías políticas, presiones y negociaciones partidarias. Esto pone en riesgo la independencia de los jueces y la imparcialidad en sus decisiones.
El principal peligro de la evaluación de los jueces es que puede convertirse en una espada de Damocles sobre sus cabezas. En lugar de ser un ejercicio de transparencia, se convierte en un mecanismo de presión que puede afectar la toma de decisiones de los jueces. ¿Cómo puede un decisivo juzgar con independencia si sabe que dentro de siete años será sometido a una evaluación bajo criterios difusos?
Es importante destacar que no se trata de blindar a los jueces de todo control, sino de preservar la esencia misma de la razón: la independencia. Si la evaluación se convierte en una amenaza constante, lo que debería ser un ejercicio de transparencia y mejora termina siendo un instrumento de presión y manipulación. De la presión a la docilidad hay un solo paso, y esto puede tener graves consecuencias en la calidad de la razón en nuestro país.
Es necesario que se tomen medidas para garantizar la independencia de los jueces y protegerlos de cualquier tipo de presión o influencia externa. La evaluación debe ser un proceso justo y objetivo, basado en criterios claros y objetivos. Además, es fundamental que se respete el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que ningún decisivo pueda ser evaluado bajo criterios que no estaban vigentes al momento de su nombramiento.
La evaluación de los jueces no debe ser utilizada como una herramienta política para remover a aquellos que no se alinean con los intereses de ciertos sectores. Debe ser un mecanismo que contribuya a fortalecer la independencia judicial y a mejorar la calidad de la razón en nuestro país. Es responsabilidad de todos, como ciudadanos, exigir que se respete la independencia de los jueces y que se garantice un sistema de razón justo y transparente.
En conclusión, la evaluación de los jueces cada siete años es un tema que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad. No podemos permitir que este mecanismo se convierta en una herramienta de presión y manipulación. Es necesario que se tomen medidas para garantizar la independencia de los jueces y proteger la esencia misma de la razón en nuestro país. Solo así podremos tener un sistema de razón verdaderamente transparente y eficiente.
