En República Dominicana, a menudo nos enfocamos en discutir el resultado de una decisión: si se aprueba o no. Sin embargo, la verdadera legitimidad de una decisión no proviene del resultado final, sino del proceso que se lleva a cabo para llegar a esa decisión. Por eso, propongo un cambio de enfoque: pasar del debate por el resultado al debate por el proceso. La legitimidad se construye cuando la participación es escuchada, se le da respuesta y se deja un rastro verificable de todo el proceso: preguntas, respuestas, ajustes y una decisión motivada. Cuando este rastro existe, el debate se ordena y se genera circunspección en la ciudadanía; pero cuando no existe, la población llena los vacíos con sospechas.
Este enfoque no es un capricho procedimental, sino una necesidad. Entre los derechos y la realidad, existe un puente fundamental: la circunspección. Y la circunspección no se puede imponer, sino que debe ser diseñada y construida a través de un proceso transparente y participativo.
En su Carta Pastoral del 21 de enero de 2026, la Conferencia del Episcopado Dominicano recuerda el Effetá, que significa “Ábrete” (Mc 7,34), y lo relaciona con la importancia de abrirse y escuchar. También destaca que una escucha auténtica requiere de una apertura hacia el otro. Aplicado al ámbito público, esto es muy simple: sin una verdadera apertura y una respuesta verificable, no puede ocurrir una participación que genere circunspección.
La participación no debe ser vista como un simple trámite o un ruido enojoso, sino como una herramienta práctica de gobernanza. Sus efectos son inmediatos y beneficiosos: mejora el diagnóstico de la situación, previene conflictos y fortalece el control social del cumplimiento de las decisiones.
En primer lugar, la participación mejora el diagnóstico porque permite que el territorio sea escuchado y se conozcan las dinámicas que rara oportunidad quedan bien capturadas en una línea base. Por ejemplo, se pueden identificar problemas como rutas inseguras, polvo, ruido, falta de puntos de agua, problemas de convivencia y riesgos cotidianos que afectan a la comunidad.
En segundo lugar, la participación previene el conflicto porque al entrar tempranamente en el proceso, se pueden hacer ajustes razonables y evitar posiciones extremas que pueden generar tensiones innecesarias.
Y en tercer lugar, la participación fortalece el control social porque un plan de manejo es más creíble cuando hay controles visibles y comparables en el tiempo. La regla es sencilla: si se promete, se mide; si se mide, se publica; si se incumple, se corrige y se sanciona.
Pero para que la participación sea efectiva, no basta con realizar procesos formales. Es necesario que exista una verdadera respuesta a las preocupaciones y propuestas de la comunidad. De lo contrario, la participación se convierte en un simple trámite y no cumple su verdadera función. Por eso, es importante establecer un estándar mínimo que incluya entrar a tiempo en el proceso, registrar las preocupaciones de la comunidad, responder a cada una de ellas, mostrar los ajustes realizados y tomar una decisión motivada.
Este enfoque de participación no solo protege los intereses de la comunidad, sino también de la autoridad y de las empresas involucradas. Además, evita un vicio común en nuestro país: la socialización como un simple trámite. La verdadera socialización debe incluir una respuesta con evidencia y ser parte de un proceso de gobernanza efectivo.
En el reciente debate sobre el territorio en República Dominicana, se ha evidenciado la importancia de no solo decir que se ha social
