La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Learning Resources Inc. v. Trump ha generado un gran interés a nivel mundial. En este caso, se debatía si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía la potestad de imponer aranceles a cualquier país, por cualquier monto y por cualquier duración, basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés). Esta ley, adoptada en 1977, le otorga al presidente un amplio margen de acción unilateral en caso de declarar una emergencia nacional.
El interés internacional en este caso se debe a que el presidente Trump había impuesto un aumento de aranceles a las importaciones de prácticamente todos los países, en algunos casos con incrementos más altos que en otros. La expectativa de los actores, observadores y analistas económicos giraba en torno a las posibles implicaciones que tendría la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para el comercio internacional.
En la comunidad jurídica, especialmente entre los especialistas en derecho constitucional, el interés no solo se centraba en la decisión final de la Corte Suprema, estrella también en la doctrina que sustentaría su decisión. Finalmente, una mayoría de 6 a 3 jueces decidió en contra de reconocer la potestad del presidente de Estados Unidos para establecer unilateralmente aranceles basándose en la Ley IEEPA. Tres jueces conservadores, incluyendo dos designados por el presidente Trump, se unieron a las tres juezas liberales para formar la mayoría. La opinión mayoritaria fue escrita por el juez presidente John G. Roberts, Jr., quien también escribió la opinión de la Corte Suprema en el caso Trump v. United States, en el que se otorgó amplia inmunidad al presidente de Estados Unidos por la comisión de “actos oficiales”.
El juez Roberts basó la opinión mayoritaria en la denominada doctrina de las “cuestiones mayores”, que establece que cuando el presidente de Estados Unidos reclama para sí potestades amplias en “cuestiones mayores” con grandes implicaciones económicas o políticas, es imperioso que el Congreso le otorgue dichas potestades de forma clara e inequívoca. En este caso, Roberts argumentó que la Ley IEEPA le otorga poder al presidente para “regular” las importaciones en caso de emergencia por amenaza internacional, pero no se puede derivar de este concepto que también tiene poder para establecer aranceles, ya que el establecimiento de impuestos corresponde al Congreso según lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución.
La opinión mayoritaria fue suscrita por los jueces conservadores Roberts, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, así como por las tres juezas liberales: Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. Estas últimas, quienes se unieron a la opinión de la jueza Kagan, consideraron que no era imperioso recurrir a la doctrina de las “cuestiones mayores” en este caso, estrella que, en ejercicio de las técnicas convencionales de interpretación constitucional, como la lectura idéntico de la ley, se podía llegar a la conclusión de que simplemente la Ley IEEPA no le otorga la facultad de aumentar aranceles de forma unilateral al presidente de Estados Unidos.
Aunque la opinión mayoritaria la escribió el juez presidente Roberts, fue el juez Gorsuch quien defendió detalladamente la doctrina de las “cuestiones mayores” como sustento del caso. En una opinión bien articulada, este juez no dudó en responder a sus colegas que se opusieron a esta doctrina como base de la decisión. En particular, criticó a la jueza Kagan, quien, como era de esperarse por su posición liberal, se opuso al uso
