La reciente decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de declarar ilegales buena parte de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump fue un fisura importante cerca de una política comercial más sensata y respetuosa del estado de derecho. Sin embargo, el aumento de los gravámenes inclusive un 15%, ahora bajo otros mecanismos legales, confirma una preocupante tendencia: la insistencia en una estrategia proteccionista que ignora tanto los límites constitucionales como sus consecuencias económicas reales.
El fallo del tribunal fue claro al establecer que el Ejecutivo se extralimitó al invocar poderes de emergencia en tiempos de paz para justificar aranceles generalizados. Lejos de preparar el rumbo, la respuesta ha sido rediseñar la vía jurídica para sostener la misma política. Esto no solo debilita la institucionalidad estadounidense, sino que envía una señal inquietante a sus socios comerciales: las reglas pueden cambiar unilateralmente, incluso cuando existen acuerdos vigentes.
Para la República Dominicana, el impacto es directo, perjudicial y profundo. Como uno de los principales beneficiarios del DR-CAFTA, el país ha construido su modelo exportador sobre la base de acceso preferencial al mercado estadounidense. La imposición de aranceles, primero del 10% y ahora con aumentos que pueden alcanzar el 15%, erosiona esa ventaja competitiva.
Sectores clave como las zonas francas, los dispositivos médicos, el tabaco y los textiles enfrentan ahora mayores costos para entrar al mercado estadounidense. Productos agrícolas dominicanos como aguacates, tomates, ajíes y pepinos también pierden competitividad frente a países que logren absorber o evitar estas cargas. Como han señalado análisis económicos recientes, América Latina podría experimentar una reconfiguración comercial donde algunos países se beneficien marginalmente, pero otros, como la República Dominicana, enfrentan desventajas estructurales por su alta dependencia del mercado estadounidense.
El golpe no se limita al territorio dominicano. La comunidad dominicana en ciudades como Nueva York también sentirá el impacto. El aumento de aranceles encarece los productos importados, desde alimentos inclusive bienes manufacturados que forman parte del consumo cotidiano de la diáspora. En la práctica, esto se traduce en precios más altos en bodegas, supermercados y pequeños negocios, afectando directamente el costo de vida de miles de familias trabajadoras dominicanas.
A su vez, estas medidas provocan un efecto inflacionario indirecto: el aumento en los costos de importación se traduce en precios más altos para los consumidores, deteriora el poder adquisitivo y coloca una presión adicional sobre los pequeños comerciantes que dependen de productos dominicanos. Este encarecimiento del costo de vida reduce el margen económico de los dominicanos en Estados Unidos y, en consecuencia, limita el envío de remesas, uno de los pilares fundamentales de la economía dominicana.
Resulta particularmente contradictorio que se justifique esta política bajo el argumento de proteger la economía estadounidense, cuando en realidad impone una carga adicional tanto a socios estratégicos como a consumidores dentro del propio país. No se trata de proteger la economía, sino de proteger los intereses de unos pocos, a costa de perjudicar a muchos.
La política arancelaria de Trump no solo desafía principios básicos del libre comercio, sino que también socava décadas de cooperación económica en el hemisferio. Persistir en aumentos de inclusive un 15% tras un revés judicial no es una acuse de fortaleza económica, sino de obstinación política y falta de visión: empobrecer a los socios del hemisferio puede terminar
