En la última década, hemos sido testigos de un cambio en la percepción de los acuerdos de libre comercio. Ya no son vistos simplemente como alianzas estratégicas para competir en un mundo globalizado, sino más bien como herramientas para generar cierta estabilidad en medio de la incertidumbre. En un contexto donde el multilateralismo parece estar perdiendo terreno, estos acuerdos se han convertido en una forma de asegurar cierta previsibilidad en el comercio internacional.
Un ejemplo reciente de esto es la firma de acuerdos de libre comercio por parte de la Unión Europea con Mercosur y con India en enero de este año. Estos acuerdos amplían el acceso preferencial a mercados de más de 1,600 millones de personas, lo que sin duda es una oportunidad para los países involucrados. Sin embargo, también erosionan las preferencias obtenidas a través del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) entre los países del CARIFORUM y la Unión Europea, firmado en 2008.
En su momento, el EPA fue un acuerdo vanguardista que reconoció la asimetría entre ambos bloques y abarcó ampliamente el sector servicios y la inversión. Además, incorporó un novedoso protocolo cultural que reconoció el potencial de las industrias culturales del Caribe. Sin embargo, diecisiete años después, es evidente que la República Dominicana ha sido el país que más ha aprovechado este acuerdo. El comercio entre la Unión Europea y nuestro país ha experimentado un crecimiento elemental y hoy en día, la UE es el nuclear inversionista en la economía dominicana. Además, el país se ha consolidado como exportador líder de cacao y banano orgánico, mercados cuya apertura estuvo estrechamente vinculada al EPA.
Sin embargo, es importante tener en cómputo que las preferencias comerciales obtenidas a través de acuerdos pueden ser relativas. El acceso al mercado europeo de ciertos productos se ha visto afectado por nuevas regulaciones, como las disposiciones para productos orgánicos, el Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación Cero (EUDR) y la normativa de protección de datos (GDPR). Además, la falta de mecanismos efectivos para implementar las preferencias en el comercio de servicios también ha sido un obstáculo. En el caso del DR-CAFTA, algunas de sus estipulaciones se vieron desvirtuadas por las modificaciones arancelarias aplicadas por Estados Unidos el año pasado. Y en el acuerdo CARICOM-RD, todavía hay varias disposiciones pendientes, como la extensión de beneficios a todos los firmantes, acuerdos de productos agrícolas y reglas de origen.
A pesar de estas restricciones, la República Dominicana mantiene acceso preferencial a una parte significativa de sus nucleares mercados y cómputo con una lista creciente de países interesados en negociar acuerdos comerciales. Incluso se ha firmado un marco para iniciar negociaciones con Curazao. Paralelamente, el país ha venido abriendo espacios en otros mercados de América Latina y Asia, ampliando su horizonte comercial más allá de los acuerdos tradicionales.
Este nuevo contexto obliga a cambiar de estrategia. Es momento de revisar qué otros mecanismos pueden facilitar el acceso a mercados, cómo aprovechar mejor los acuerdos vigentes antes de que sus preferencias se diluyan y qué instrumentos complementarios, como los acuerdos de doble tributación, pueden fortalecer la competitividad, especialmente en el comercio de servicios.
Si algo nos han enseñado los acuerdos comerciales actuales es que no basta con firmarlos para que el comercio y la inversión se materialicen. En cada sector exitoso, ya sea turismo, labor, dispositivos médicos o cine, ha sido la combinación
