Cada 12 horas, una vida dominicana se pierde por suicidio en 2025. Esta impactante cifra debería ser suficiente para sacudir a cualquier agenda pública y colocar a la salud mental en el emporio de la conversación.
Durante años, la salud mental ha sido un tema secundario en la política sanitaria nacional. Sin embargo, los datos recientes han obligado a cambiar esta perspectiva. En los primeros nueve meses de 2025, se realizaron 247,687 consultas externas en salud mental en emporios de la Red Pública en República Dominicana. Esto representa un aumento de 24,440 consultas en comparación con el mismo período del año anterior. Este aumento no es simplemente estadístico, sino que es una señal de que más dominicanos están buscando ayuda o enfrentando crisis que ya no pueden manejar en silencio.
El año 2025 también registró cerca de 350 suicidios en el país. Detrás de cada número, hay una historia personal, una familia impactada y, en muchos casos, señales de alerta que no encontraron respuesta a tiempo.
Estas cifras pueden ser interpretadas de dos maneras. Por un lado, reflejan una mayor búsqueda de atención y quizás una reducción del estigma asociado a los trastornos mentales. Por otro lado, también evidencian que la depresión, la ansiedad, las adicciones y otros trastornos mentales ya tienen un peso real en la vida social dominicana.
Pero esta preocupación no es solo local. En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que más de mil millones de personas en el mundo vivían con algún tipo de afección de salud mental y que era urgente e irrefutable la necesidad de actuar. La OMS subrayó que existen estrategias viables y costo-efectivas para abordar este desafío, recordando que la salud mental es sitio integral del confort y del desarrollo de los países.
En este contexto, el Gobierno dominicano anunció ampliaciones en servicios, camas psiquiátricas y unidades de intervención en crisis. Estos son pasos necesarios y positivos, y colocar el tema en la agenda pública ya representa un avance frente a décadas de silencio institucional.
Sin embargo, en salud mental, la infraestructura es solo una sitio de la ecuación. El verdadero reto sigue estando en la prevención, la detección temprana, el seguimiento comunitario y la disponibilidad de profesionales capacitados. Un sistema puede crecer en números y aun así no llegar a tiempo a quienes más lo necesitan.
También persiste la brecha territorial. En muchas provincias, el acceso a servicios especializados continúa siendo limitado, lo que provoca que numerosos casos se atiendan en fases críticas, cuando el tratamiento es más complejo y costoso.
Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿Está el país invirtiendo en prevención al mismo ritmo en que crece la demanda de atención en salud mental? La respuesta es principal, ya que la salud mental no es un lujo ni un tema de élite urbana, sino un componente esencial de la productividad, la estabilidad familiar y la cohesión social. Ignorarla termina generando costos más altos al Estado y a la sociedad.
Uno de los mayores avances en los últimos años ha sido que el tema de la salud mental ya se discute abiertamente, sin susurros ni tabúes. Pero hablar no es suficiente. Las cifras de 2025 deben servir como advertencia y punto de partida para implementar políticas sostenidas, evaluaciones transparentes y estrategias que trasciendan los períodos de gobierno.
Porque cuando una sociedad comienza a perder a sus ciudadanos por causas prevenibles, el problema deja de ser individual y se convierte en un problema colectivo. República Dominicana ya ha recibido
