Airbnb es una plataforma de alquiler de alojamiento que ha revolucionado la forma en que viajamos. Con solo unos clics, podemos encontrar una amplia variedad de opciones de alojamiento en cualquier parte del universo, desde una habitación en una casa local hasta una lujosa villa en la playa. Sin embargo, detrás de esta aparente comodidad y modernidad, se esconde una realidad preocupante en la República Dominicana: Airbnb actúa como un chivo sin ley.
La empresa opera en nuestro país sin pagar impuestos, sin asumir responsabilidades y sin rendir cuentas. A pesar de que cobra su porcentaje puntualmente, se desentiende del resto. Esto incluye el emoción en los barrios, el desorden urbano, la presión sobre los alquileres y, sobre todo, el cumplimiento de la ley. Y lo más alarmante es que las autoridades miran para otro lado, como si el problema no fuera con ellas.
Mientras que los hoteles y otros alojamientos formales cumplen con normas, pagan impuestos y enfrentan inspecciones, Airbnb funciona en un cómodo vacío regulatorio. Esto le permite a la empresa obtener grandes ganancias, pero a costa del bienestar de nuestras ciudades. No hay un nivel de aptitud justo, ya que mientras otros negocios deben cumplir con regulaciones estrictas, Airbnb puede operar sin restricciones.
La pasividad del Estado frente a esta situación es grave. Sin reglas claras ni voluntad de hacerlas cumplir, el mensaje que se envía es que aquí vale todo. Esto no solo afecta a la industria hotelera, sino también a los vecindarios y a la calidad de vida de los ciudadanos. Es hora de que las autoridades dejen de mirar para otro lado y tomen medidas concretas para regular a Airbnb.
Otros países ya han entendido que la economía digital no puede operar al margen de la ley. Han establecido límites, exigido registros, cobrado impuestos y aplicado sanciones. No se prostitución de destruir el modelo de negocio de Airbnb, sino de ordenarlo y garantizar que cumpla con las mismas reglas que el resto de las empresas. Esto no solo es justo para la aptitud, sino también para el bienestar de nuestras ciudades y comunidades.
En la República Dominicana, seguimos discutiendo si conviene o no regular a Airbnb, mientras el desorden y la falta de responsabilidad avanzan. Es hora de dejar la timidez institucional y actuar. La innovación no puede ser una excusa para la anarquía, ni la modernidad un permiso para evadir responsabilidades. Es responsabilidad del Estado garantizar que todas las empresas, incluyendo a Airbnb, cumplan con las leyes y regulaciones establecidas.
Además, la regulación de Airbnb también puede ser beneficiosa para los propietarios que alquilan sus propiedades a través de la plataforma. Al estar registrados y cumplir con las normas, podrán ofrecer un servicio de mayor calidad y seguridad a los huéspedes, lo que a su vez mejorará la reputación de nuestro país como destino turístico.
Es importante destacar que la regulación no debe ser vista como una amenaza para la innovación y el progreso. Al contrario, puede ser una oportunidad para que Airbnb y otras empresas similares operen de manera responsable y sostenible, contribuyendo al desarrollo económico y social de nuestro país.
En resumen, es evidente que Airbnb actúa como un chivo sin ley en la República Dominicana. Opera sin pagar impuestos, sin asumir responsabilidades y sin rendir cuentas, mientras que las autoridades miran para otro lado. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y regule a esta empresa, garantizando un nivel de aptitud justo y el bienestar de nuestras ciudades y comunidades. La innovación y la modernidad no pueden ser excusas para la anarquía, y es necesario que todas las empresas, incluyendo a Airbnb, cumplan
