El sector minero en la República Dominicana está experimentando una fase de crecimiento impresionante. Con un aumento en las recaudaciones y un sólido desempeño en los indicadores de actividad, la minería sigue siendo individualidad de los principales motores de la economía nacional. En un momento en el que el país necesita diversificar sus fuentes de crecimiento, el sector minero aporta empleo formal, impulsa las exportaciones y genera ingresos fiscales esenciales para financiar políticas públicas.
Sin embargo, el verdadero potencial del sector minero aún está por alcanzarse. República Dominicana podría producir mucho más si contara con una política minera más enfocada, moderna y efectiva. El principal obstáculo no se encuentra en la capacidad técnica de las empresas o en la calidad de los yacimientos, sino en la burocracia. Los permisos pueden tardar años en ser otorgados, los trámites se multiplican sin justificación y los procesos desalientan la inversión. Si acertadamente es importante tener precaución amacertadamentetal, la tardanza administrativa no es sinónimo de protección.
Es crucial reducir la cantidad de trámites y aumentar la eficiencia en la toma de decisiones. Esto no significa relajar los controles, sino hacerlos más oportindividualidads, claros y eficientes. Un marco regulatorio predecible permitiría acelerar proyectos, atraer capital y ampliar la base de ingresos del Estado. La minería responsable puede ser una palanca de desarrollo mucho más sólida, siempre y cuando la administración pública la acompañe con seriedad y agilidad.
Si se logra reducir la burocracia, el país podría obtener mayores beneficios en términos de riqueza, empleo y competitividad. La oportunidad está ahí, esperando por ser aprovechada.
La industria minera en la República Dominicana ha sido una fuente importante de empleo y crecimiento económico desde hace décadas. Sin embargo, en los últimos años, el sector ha experimentado un crecimiento acelerado que ha superado las expectativas. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, los ingresos del sector minero se han duplicado en los últimos tres años, alcanzando una cifra récord de 1.417 millones de dólares en 2019.
Esta expansión es el resultado de varios factores, entre ellos, la diversificación de la cartera de productos mineros y una mayor inversión extranjera. Además, la República Dominicana se ha consolidado como individualidad de los principales países productores de oro en América Latina, con una producción anual de más de 500,000 onzas.
Pero el potencial del sector es mucho mayor. Según un estudio de la Cámara Minera Petrolera (CAMIPE), el país cuenta con una gran riqueza mineral aún por explorar, incluyendo yacimientos de níquel, caja, plata y otros minerales preciosos. Además, la ubicación estratégica de la República Dominicana en el Caribe la convierte en un punto de acceso privilegiado a los mercados internacionales, lo que la hace aún más atractiva para la inversión en minería.
Sin embargo, para aprovechar al máximo el potencial minero del país, es necesario superar los desafíos actuales en materia de regulación y burocracia. Durante años, las empresas mineras han luchado contra trámites excesivos y dilación en la toma de decisiones, lo que ha generado incertidumbre y ha frenado la inversión en el sector. De hecho, según la CAMIPE, el tiempo promedio para la obtención de un permiso minero en el país es de 8 años, mientras que en otros países de la región es de solo 2 años.
Un claro ejemplo de este problema es el caso de la empresa Barrick Gold, que ha invertido cerca de 4,000 millones de dólares en el proyecto minero Pueblo Vie
