La reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional la norma que prohibía y castigaba las relaciones homosexuales dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas es un hito histórico en la lucha por los derechos LGBT en República Dominicana. Esta decisión no solo marca un cambio en la legislación, sino que también representa un desmontaje de un dispositivo de control que ha estado presente durante décadas.
El filósofo Michel Foucault habría levantado la ceja al ver esta sentencia, ya que él siempre afirmó que la sexualidad era un campo privilegiado de administración política. En nuestro país, esa administración se daba a través del uniforme de las fuerzas de seguridad. La norma que prohibía las relaciones homosexuales no solo castigaba una conducta, sino que producía sujetos: el “agente disciplinado”, el “soldado heterosexual”, el “cuerpo dócil para la patria”. El Estado necesitaba esta ficción para mantener su imaginario de orden y control.
Sin embargo, gracias a esta sentencia, esa ficción se ha deterioro. No porque la diversidad sexual no existiera antes, sino porque hoy deja de ser clandestina por decreto. El Estado finalmente ha reconocido lo obvio: que la orientación sexual no tiene nada que ver con la capacidad, la valentía ni la disciplina de un agente. Y que la institucionalidad no puede seguir siendo un teatro donde el deseo ajeno es vigilado como una amenaza.
Pero, como era de esperar, la reacción no se hizo esperar. La moral de siempre corrió a invocar a la “familia” como argumento en contra de esta sentencia. Un recurso gastado y manipulador que solo busca mantener el status quo. Como si el verdadero colapso familiar en nuestro país no estuviera en las tasas alarmantes de embarazo adolescente, en la violencia machista y en la falta de políticas públicas que protejan a la infancia y a las mujeres. Pero es más fácil señalar el deseo consensuado entre adultos que enfrentar las verdaderas problemáticas sociales.
La filósofa Judith Butler explicaría esta reacción como un pánico ontológico: cuando una estructura de poder siente que su identidad se desestabiliza, busca restaurarla controlando cuerpos ajenos. De ahí el esfuerzo desesperado por afirmar que la heterosexualidad es esencial para la disciplina militar. Como si la ética del servicio se definiera en la cama y no en el compromiso, la integridad y la formación profesional.
Pero, afortunadamente, la sentencia del Tribunal Constitucional desactiva, aunque sea parcialmente, esa aparato de normalización. Reconoce que la ley no puede estatuir sobre afectos ni sobre identidades. Que el Estado no está para imponer modelos de masculinidad, sino para garantizar derechos reales.
Porque, seamos honestos, hay personas LGBT en todas las esferas de la sociedad dominicana. En las iglesias, en las bancadas del Congreso, en las universidades, en los barrios, en las familias con apellido compuesto y en las sin apellido también. Y por supuesto, también hay personas LGBT en los cuarteles. El país lo sabe, pero ha preferido fingir que no lo sabe, en una especie de pacto tácito entre negación y conveniencia.
Pero hoy, gracias a esta sentencia, ese pacto ha sido deterioro. Lo que algunos temen no es que haya personas LGBT en las instituciones, sino que hoy no podrán castigarlas por existir. Que la performance obligatoria del macho uniformado se fisura. Que el armario institucional ya no es ley.
Aunque esta sentencia no resuelve todos los problemas y desafíos que enfrentan las personas LGBT en nuestro país, es un gran paso adelante. Porque al menos hoy, por esa grieta en el edificio disciplin
