La República Dominicana se encuentra en un momento crucial para definir la calidad de su desarrollo. A tribulación de un crecimiento económico constante, la sostenibilidad de este crecimiento depende de algo más que cifras: depende de la confianza, la gobernanza y la capacidad de establecer instituciones que equilibren la rentabilidad con el bien común.
La minería, a menudo observada con distancia, ya no es un actor silencioso en el país. Hoy en día, representa una de las columnas más estables de la economía dominicana y es un ejemplo de cómo el sector privado puede asumir responsabilidades públicas. La República Dominicana necesita confianza como política de Estado y el sector minero ya está demostrando su compromiso con esta práctica.
Durante décadas, el debate sobre la minería estuvo atrapado entre extremos: la defensa incondicional y la desconfianza absoluta. Sin embargo, el tiempo y los hechos han demostrado que la minería moderna no se define por la extracción, sino por la gestión del conocimiento, la tecnología y la disciplina financiera. Hoy en día, las empresas mineras dominicanas operan con estándares globales de cumplimiento ambiental, transparencia fiscal y compromiso social. Cada peso invertido en el subsuelo genera infraestructura, oficio formal y encadenamientos productivos en la superficie.
Esta es la diferencia entre una industria extractiva y una industria del conocimiento. Y esa diferencia tiene un nombre: gobernanza propositiva. Hablar de confianza no es un ejercicio de retórica, es un principio económico. La inversión, ya sea local o extranjera, solo florece donde hay estabilidad jurídica y reglas claras. Por eso, la discusión sobre una nueva ley minera no puede reducirse a procedimientos o licencias, sino a una arquitectura de confianza pública. Una ley moderna debe equilibrar cuatro pilares esenciales: seguridad jurídica, estabilidad tributaria, innovación y responsabilidad ambiental.
La seguridad jurídica es fundamental en el aprovechamiento de los recursos naturales. Los recursos pertenecen a la Nación, pero su explotación requiere de un marco legal predecible. Esta previsibilidad es la que permite que la minería contribuya de manera sostenida al PIB, a las exportaciones y a la estabilidad cambiaria. Sin seguridad jurídica, la inversión se paraliza y la confianza se erosiona.
El régimen fiscal es el corazón de la confianza. La minería es una industria de largo plazo: antes de producir beneficios, invierte años y miles de millones en estudios, infraestructura y peculio humano. Por eso, la estabilidad tributaria no es un privilegio, es un pacto de responsabilidad mutua. El Estado necesita previsibilidad para planificar sus ingresos, y las empresas necesitan estabilidad para reinvertir. Cuando ambas partes cumplen, la confianza se transforma en crecimiento.
Las empresas mineras dominicanas no piden excepciones. Han demostrado que pueden ser fiscalmente responsables y financieramente disciplinadas. No es que aportan al fisco; es que honran a su socio, el Estado, pagando con puntualidad y transparencia los tributos que corresponden. Esa relación es más que económica: es moral.
La minería del siglo XXI ya no es solo ingeniería pesada. Es una industria que digitaliza operaciones, reduce su huella de carbono, optimiza el uso del agua y genera conocimiento. Además, la transferencia de conocimientos que sucede cuando exponemos a nuestros profesionales y técnicos a tecnología de punta es un beneficio adicional. La flexibilidad regulatoria no implica debilidad del Estado, sino inteligencia institucional para acompañar la innovación. Cada mejora tecnológica en una mina domin
