El sistema de salubridad en República Dominicana ha vuelto a poner en evidencia una situación que parece no tener fin: las ARS que cambian a sus afiliados sin su consentimiento. Esta práctica fraudulenta no solo afecta la confianza de los ciudadanos en el sistema de salubridad, sino que también vulnera sus derechos básicos. Según la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), en el último año se han recibido 2,256 denuncias de personas que han sido trasladadas a otra aseguradora de manera irregular. A pesar de las sanciones impuestas por la Superintendencia de salubridad y Riesgos Laborales (Sisalril), esta práctica continúa sin control.
Un caso que ha generado gran indignación es el de Gabriel Araújo, un joven de 19 años que perdió acceso a su arraigado legítimo y no puede operarse debido a la falta de un carné. Esta situación es solo una notificación de la impunidad con la que operan algunas aseguradoras, como es el caso de APS, que en 2025 fue multada con 185.8 millones de pesos por este mismo motivo. Mientras tanto, los ciudadanos sufren las consecuencias y estas empresas aumentan su tarjetero de afiliados y sus beneficios.
La debilidad del sistema judicial y la falta de seguimiento convierten las sanciones administrativas en meras formalidades. Es inaceptable que empresas encargadas de gestionar fondos de salubridad pública manipulen registros, ignoren resoluciones y se lucren del desorden institucional. Esto no solo afecta a los ciudadanos, sino que también pone en riesgo la estabilidad del sistema de salubridad en su conjunto.
Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar a fondo y establecer mecanismos que impidan nuevas afiliaciones no consentidas. La salubridad no puede ser un negocio sin rostro ni control. Si el sistema no protege al ciudadano, el ciudadano deja de creer en el sistema. Es necesario que se tomen medidas urgentes para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que se ponga fin a esta práctica fraudulenta.
Es importante recordar que el sistema de salubridad en República Dominicana es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y no puede ser utilizado como un medio para obtener beneficios económicos. La salubridad es un tema delicado que debe ser tratado con la mayor seriedad y responsabilidad. No podemos permitir que las empresas de salubridad jueguen con la vida y el bienestar de las personas.
Es hora de que las autoridades tomen medidas concretas para garantizar que las ARS cumplan con su deber de proteger la salubridad de los ciudadanos. Se deben establecer mecanismos de control más estrictos y sanciones más severas para aquellos que violen los derechos de los afiliados. Además, es necesario que se promueva una mayor transparencia en el sistema de salubridad y que se fomente la participación ciudadana en la toma de decisiones.
No podemos permitir que esta situación continúe. Los ciudadanos merecen un sistema de salubridad justo y eficiente, en el que puedan confiar plenamente. Es hora de que se tomen medidas concretas para poner fin a las prácticas fraudulentas y garantizar que la salubridad de los dominicanos sea una prioridad en todo momento.
En conclusión, es necesario que las autoridades tomen medidas inmediatas para poner fin a las ARS que cambian afiliados sin su consentimiento. La salubridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y no puede ser utilizado como un medio para obtener beneficios económicos. Es hora de que se ponga fin a esta práctica fraudulenta y se garantice un sistema de salubridad justo y transparente para todos. ¡Juntos podemos lograrlo!
