En la República Dominicana, pocas expresiones generan tanta suspicacia como “reforma del Estado” o “reestructuración institucional”. La experiencia de los años noventa, cuando varias empresas estatales fueron privatizadas o capitalizadas, dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Desde entonces, cualquier test de renovar entidades públicas estratégicas suele interpretarse, casi de manera automática, como una amenaza al patrimonio estatal. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno del presidente Luis Abinader está llevando a cabo una serie de cambios en algunas empresas públicas clave que no deben ser malinterpretados como un proceso de privatización, sino como una apuesta por un Estado más novedoso y eficiente.
Recientemente, el Poder Ejecutivo emitió los decretos núm. 55-26 y 60-26, que crean la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) y fortalecen y readecuan la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), respectivamente. Estas decisiones han generado cierta preocupación en la población, pero una lectura seria y desapasionada nos lleva a una conclusión clara: no se trata de un proceso de privatización.
El Decreto 60-26 establece la creación de la EMT, que sustituye a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Por su parte, el Decreto 55-26 fortalece y readecua la ETED bajo un modelo de empresa pública moderna. En ambos casos, el Estado mantiene la titularidad plena de los activos, conserva el control estratégico y refuerza la rectoría pública de servicios esenciales para la economía y la calidad de vida de los ciudadanos.
Es importante recordar que estas decisiones no surgen de la nada. La Ley 63-17, aprobada en 2017, estableció expresamente en su artículo 356 la necesidad de cambiar tanto la OPRET como la OMSA en empresas públicas o mixtas, dotadas de un marco jurídico que les permitiera operar con mayor eficiencia y sostenibilidad. Es decir, la creación de la EMT no es una ocurrencia coyuntural, sino el cumplimiento de un mandato legal postergado durante varios años.
Durante los gobiernos de Leonel Fernández se impulsó una profunda reforma del Estado, que incluyó la capitalización de empresas públicas al amparo de la Ley 141-97. Aquellas decisiones respondieron a un contexto económico y fiscal específico y marcaron una época. Posteriormente, en los gobiernos de Danilo Medina, el énfasis estuvo en la expansión de la infraestructura y los servicios de transporte masivo —el Metro y el Teleférico— y en el fortalecimiento operativo de entidades como la ETED. Sin embargo, aunque se introdujeron ajustes importantes, no se completó una transformación integral del modelo de gobernanza de estas instituciones.
Es precisamente ahí donde se distingue el enfoque actual. La EMT nace como una empresa pública con personalidad jurídica propia, patrimonio estatal y reglas claras de gobierno corporativo. Su rol se concentra en la operación y el mantenimiento de los sistemas de transporte masivo, mientras que la planificación y ejecución de nuevas infraestructuras se canalizan a través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (FITRAM). Esta separación de funciones no debilita al Estado; por el contrario, reduce duplicidades, mejora la rendición de cuentas y alinea responsabilidades.
En el caso de la ETED, el Decreto 55-26 reafirma su carácter de empresa estatal, preserva la continuidad jurídica y patrimonial, y delimita con mayor precisión su rol como operador técnico del sistema
