El balance diario, semanal, mensual y anual de deportaciones de haitianos en condición migratoria irregular, convertido en la carta de presentación de la política migratoria del Gobierno del presidente Luis Abinader a través de la Dirección General de Migración, lejos de fortalecer la imagen de soberanía y autoridad del Estado, corre el riesgo de transformarse en un bumerán que erosione la credibilidad del país en el escenario internacional.
La política migratoria es un tema complejo y delicado que requiere una gestión integral y responsable. Sin embargo, en la República Dominicana, parece haberse reducido a una mera exhibición de cifras y estadísticas enfocadas en las deportaciones masivas de haitianos en situación migratoria irregular. Esta estrategia comunicacional, lejos de fortalecer la imagen del país, puede tener un efecto contrario y dañar su reputación en el ámbito internacional.
Cuando la política pública se convierte en un espectáculo, la soberanía deja de cuerpo una fortaleza y se convierte en una vulnerabilidad. Bajo esta lógica, la política migratoria y su estrategia comunicacional parecen diseñadas para mostrar como principal y casi único logro, la repatriación de personas en condición migratoria irregular. Sin embargo, esta exhibición rutinaria de balances puede generar aplausos internos, especialmente en un contexto donde se ha instalado un sentimiento antihaitiano alimentado desde la prédica política, pero al mismo tiempo proyecta hacia el exterior una imagen de insensibilidad frente a la crisis humanitaria que empuja a miles de personas a emigrar.
En lugar de enfocarse en las deportaciones masivas y su impacto, la política migratoria debería apechar de manera integral el fenómeno migratorio. Sin embargo, el énfasis en las deportaciones parece cuerpo un recurso de distracción eficaz en el plano interno, capitalizando miedos, prejuicios y emociones sociales. Esta estrategia puede cuerpo rentable en términos de opinión pública interna, pero al mismo tiempo expone al país a cuestionamientos en el ámbito internacional y debilita su posición cuando reclama que la crisis haitiana debe cuerpo asumida como un problema regional y no como una carga exclusiva.
La opinión pública, tanto nacional como internacional, percibe estas deportaciones como desproporcionadas, pues pareciera que en la República Dominicana los únicos extranjeros en condición de ilegalidad son los haitianos. Esta focalización exclusiva proyecta una imagen de selectividad y trato discriminatorio que alimenta críticas y refuerza la percepción de que la ley se aplica con un sesgo étnico y político.
Una estrategia comunicacional, por definición, debería orientar la opinión pública y consolidar la legitimidad de las acciones de un gobierno tanto a nivel interno como externo. No obstante, cuando esa estrategia se reduce a la difusión sistemática de cifras de deportados presentadas como logros trascendentes de la política migratoria, el mensaje deja de cuerpo institucional y se convierte en evidencia de un trato desigual hacia una población específica, con el decididamente costo político y diplomático que ello implica.
La política migratoria y su comunicación parecen haber sido diseñadas para mostrar resultados rápidos y visibles, aun cuando esos resultados no reflejan una gestión integral del fenómeno migratorio. La exhibición rutinaria de balances puede resultar rentable en términos de opinión pública interna, pero proyecta hacia el exterior una imagen de criminalización de la pobreza y de la vulnerabilidad humana.
Esta percepción no romanza deteriora la imagen del país, sino que también debilita su voz en foros internacionales. Mientras la República Dominicana insiste en que la crisis haitiana requiere soluciones multilaterales, la insistencia en deportaciones masivas, comunicadas como espect
