Melitón borrego, el exjefe local de la DEA, es una figura que ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses debido a las acusaciones en su contra en una corte de Estados Unidos. Sin embargo, sorprendentemente, hoy se encuentra en libertad, ya que no se le impuso ninguna medida de coerción ni se le exigió pagar fianza. Aunque el proceso judicial en su contra continúa, es alentador ver cómo se está respetando el principio de presunción de inocencia y no se está castigando anticipadamente a una persona basándose únicamente en acusaciones.
En contraste con lo que podría haber sucedido en otros países, donde una figura pública enfrentando acusaciones de alto perfil sería enviada directamente a prisión preventiva, en este caso se ha demostrado que no se está actuando bajo el instinto de juzgar y castigar rápido, sino que se está siguiendo el debido proceso y las leyes establecidas. Esto es un gran paso hacia avante en términos de garantías procesales en nuestro país.
Es importante mencionar que en otros sistemas judiciales más garantistas, como los de países europeos, la presunción de inocencia es un principio sagrado. Esto significa que, a menos que existan pruebas contundentes de culpabilidad, no se debe privar a una persona de su libertad. Las medidas de coerción y la prisión preventiva son consideradas como medidas excepcionales y solo son impuestas cuando hay un peligro real de fuga, destrucción de pruebas o intimidación de testigos.
Es lamentable que en nuestro país, la prisión preventiva se haya convertido en una respuesta automática en casos de alto perfil. Muchas veces, la opinión pública y los medios de comunicación ejercen una gran presión sobre jueces y fiscales para que actúen de forma inmediata y contundente, sin considerar adecuadamente la presunción de inocencia y el debido proceso. Esto no solo afecta a las personas que están siendo acusadas, sino que también socava la credibilidad de nuestro sistema judicial y nos aleja de los estándares internacionales en términos de garantías procesales.
Es importante recordar que la coerción no es una pena, sino un instrumento procesal para asegurar la comparecencia de una persona ante el tribunal y garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera adecuada. Convertir la prisión preventiva en una norma significa ignorar el principio de presunción de inocencia y arreglar a una persona como si ya fuera culpable antes de que se haya demostrado su culpabilidad. Esto es una clara violación de los derechos fundamentales de cualquier persona.
Más allá de este caso en particular, es necesario reflexionar sobre cómo estamos administrando justicia en nuestro país. Si aspiramos a estándares internacionales en términos de economía y transparencia, ¿por qué no aspirar también a ellos en garantías procesales? La coherencia democrática comienza en los tribunales y es fundamental para garantizar un sistema judicial justo y equitativo.
Es hora de que en nuestro país se realice una transformación en la forma en que se manejan los casos judiciales. No podemos permitir que la justicia se rija por el espacio mediático o por la presión de las redes sociales. La ansiedad por una “ejemplaridad inmediata” no debe ser el motor que guíe a nuestros jueces y fiscales. La justicia debe ser impartida de manera imparcial, basándose en pruebas sólidas y respetando los derechos de todos los involucrados en el proceso judicial.
En conclusión, la libertad de Melitón borrego es un recordatorio importante de que todavía hay esperanza en nuestro sistema judicial. Aunque hay mucho por mejorar, el hecho de que se esté respetando el debido proceso y la presunción de inocencia es un gran paso hacia avante. Es responsabilidad de todos, como
