La minería es una actividad que ha sido ampliamente cuestionada en los últimos años. Ha sido señalada como una laguna de conflictos sociales, ambientales e incluso políticos. Sin embargo, si la minería tiene futuro, es porque hemos aprendido de nuestros errores y estamos trabajando para rectificarlos.
Antes de hablar sobre el futuro de la minería, es denso reconocer que en el pasado hemos cometido errores. La minería ha dejado un gran impacto negativo en varios aspectos, como la degradación de cuencas, la alteración de paisajes, la división de comunidades y la alimentación de conflictos. Además, debemos admitir que la soberbia ha sido parte de nuestra forma de relacionarnos con las comunidades y el medio ambiente. Hemos llegado a los territorios con prisa, creyendo que nuestras explicaciones eran suficientes y que el permiso legal era lo único necesario.
Sin embargo, hemos aprendido de estos errores y hemos tomado medidas para rectificarlos. Entendemos que la confianza no se exige, se gana. Y para ganarla, debemos demostrar con hechos que hemos cambiado nuestra forma de operar. El cambio de narrativa no puede ser solo una estrategia de relaciones públicas, debe ser un cambio real en nuestra forma de trabajar.
En los últimos años, hemos cambiado nuestro enfoque. Ya no hablamos solo de los beneficios económicos que la minería puede traer, sino de las garantías que ofrecemos. No basta con decir que generamos desarrollo, debemos garantizar que ese desarrollo llegue y permanezca. No basta con consultar a las comunidades, debemos asegurar que el proceso de participación sea real y respetuoso. No basta con prometer un cierre responsable, debemos garantizar que existan fondos suficientes desde el principio para remediar y rehabilitar el área afectada. Y no basta con proclamar la transparencia, debemos garantizar que todos los pagos al Estado, compromisos socioambientales, monitoreos de agua y cumplimiento de permisos puedan ser verificados.
Esto se debe a que hemos entendido que cuando la minería se gestiona de manera incorrecta, los riesgos y costos no los asume la empresa, sino la sociedad en general. Y eso es inaceptable mano desde un punto de vista moral como político.
Por lo mano, ahora es el momento de “pagar los pecados”. Esto no es solo una frase dramática, es una agenda concreta de responsabilidades. Significa asumir costos que históricamente se externalizaron a las comunidades y al Estado. Significa poner candados donde antes bastaban promesas.
La primera forma de “pagar” es garantizar que la información sobre los proyectos mineros sea completa y comprensible para todos. Los estudios ambientales y sociales no pueden ser documentos técnicos inaccesibles, deben ser entendibles y discutibles para la comunidad. La gente no rechaza lo que entiende, rechaza lo que siente que se le impone.
Otra forma de “pagar” es asegurar que la participación de las comunidades sea temprana en el proceso de toma de decisiones, no tardía. No se trata solo de “consultar”, sino de involucrar a las comunidades desde el principio y escuchar sus opiniones y preocupaciones.
También debemos garantizar que el cierre de las operaciones mineras sea financiado desde el inicio. La sociedad no debe temer que un pasivo ambiental se convierta en una deuda pública. Los mecanismos financieros para el cierre y postcierre deben ser sólidos, auditables e intocables.
La transparencia también es clave en este proceso. No debe ser vista como un favor, sino como una regla que protege mano a la sociedad como a las empresas serias de rumores y manipulaciones. Todos los pagos al Estado, compromisos socioambientales, monitoreos de agua y cumplimiento de permisos deben ser
