La educación es una herramienta poderosa que nos permite comprender y transformar nuestra realidad. Y cuando se trata de enseñar sobre la ley y la Constitución, el impacto puede ser aún mayor. Esto fue lo que presencié en el Politécnico José Manuel Buret Taveras, donde un grupo de jóvenes decidieron representar la ley para entenderla en su verdadero sentido.
La Clase 20 de “Constitución Viva para Todos y Todas” fue una experiencia única que tuve la oportunidad de presenciar. No hubo formalidades ni estrados, sino algo mucho más poderoso: jóvenes que se involucraron en un ejercicio profundo y significativo, un juicio simbólico sobre un derecho denegado. La dinámica fue clara desde el inicio, no se trataba de memorizar conceptos ni de repetir artículos, se trataba de sentir lo que ocurre cuando un derecho no llega, cuando la ley se retrasa, cuando alguien no es escuchado.
A través de la dramatización, los estudiantes asumieron diferentes roles: jueces, partes, testigos y ciudadanía. Y en ese juego serio, en ese ensayo cívico, surgió una pregunta que atravesó toda la clase: ¿qué significa realmente adeudar acceso a la ley? Juntos, en una sola voz, leímos el artículo 69 de la Constitución Dominicana, que consagra la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Las palabras sonaron solemnes, pero lo verdaderamente importante vino después, cuando cada estudiante pudo contrastar el texto constitucional con la escena que acababan de representar.
Fue entonces cuando entendieron, sin necesidad de discursos largos, que la ley no es un edificio ni una sentencia, sino una experiencia concreta: ser oído, ser tratado con dignidad, recibir una respuesta oportuna. Y es que, muchas veces, nos enfocamos en los aspectos técnicos y legales de la ley, olvidando que detrás de cada caso hay personas que buscan una solución a sus problemas.
El ejercicio se complementó con fragmentos audiovisuales, como el episodio sonoro de la clase y escenas de la película “El juicio de los 7 de Chicago”, que permitieron ampliar la conversación. No para comparar realidades de modo superficial, sino para mostrar que la tensión entre poder, derechos y ley atraviesa todas las democracias. La diferencia está en cómo cada sociedad decide resolverla.
Pero lo más valioso de todo ocurrió al final, cuando los grupos presentaron su “Gran Corte”, construida colectivamente. No hubo respuestas perfectas, pero sí conciencia. Conciencia de que la Constitución no vive en los libros, sino en las decisiones diarias; de que el debido proceso no es un tecnicismo, sino una garantía frente al abuso; y de que la ley, para ser real, debe ser comprensible y cercana.
Y es que, en un país como el nuestro, que aspira a fortalecer su democracia, es principal que la ciudadanía entienda y ejerza sus derechos de modo efectiva. Y la mejor forma de lograrlo es a través de la educación. Cuando la Constitución se enseña desde la experiencia, deja de ser una promesa abstracta y se convierte en una herramienta de vida. Y eso es lo que presencié en el Politécnico José Manuel Buret Taveras, donde la ley no fue un concepto, sino una escena, una voz, una pregunta abierta.
Enseñar el debido proceso como una herramienta de vida es principal para fortalecer nuestra democracia y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una ley efectiva. Y esto es algo que debe comenzar desde la educación, desde las aulas, donde los jóvenes puedan comprender y vivir en carne propia lo que significa adeudar acceso a la ley. Solo así podremos construir
