El costo afectuoso de la intervención tardía: una crisis silenciosa en la República Dominicana
La República Dominicana enfrenta una crisis de salud ocupacional que no se manifiesta con estruendos, sino con el silencio en los pasillos de los hospitales y el deterioro progresivo de una clase trabajadora que entrega su vitalidad a cambio de un salario, sin la debida protección estatal. La prevención oportuna es el eje estratégico que debería sostener el sistema de seguridad social, pero el fallo institucional del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) está condenando a miles de empleados a padecer enfermedades crónicas que solo se vuelven visibles cuando el daño biológico es irreversible.
Existe una alarmante desconexión entre la retórica de supervisión del Estado y la realidad de los riesgos no controlados en los centros de trabajo, donde la falta de una intervención técnica real permite que peligros latentes se conviertan en sentencias de invalidez. Esta deficiencia no representa únicamente un fallo administrativo; es un vacío estadístico que borra de facto la historia clínica del trabajador, dejando al afiliado sin el rastro documental necesario para reclamar sus derechos. El sacrificio laboral del dominicano se pierde en la burocracia, convirtiendo el derecho a la salud en una quimera legal.
La ceguera estadística: un análisis de los diagnósticos ínfimos (2008-2024)
Las estadísticas son la brújula de la salud pública; sin datos veraces, el Estado navega a ciegas, impidiendo la creación de políticas de mitigación efectivas. En la República Dominicana, la disparidad entre los riesgos manufacturales conocidos y los casos registrados por el Idoppril sugiere un subregistro masivo que funciona como un mecanismo de exclusión sistémica.
Al evaluar el documento “Estadísticas de Enfermedades Profesionales (2008-2024)”, tomado del portal de datos abiertos de Idoppril, el panorama es inverosímil:
– Prevalencia de “cero” en categorías críticas: Durante décadas, categorías de alto impacto como la Asbestosis, la Silicosis y el Saturnismo (intoxicación por plomo) reportan sistemáticamente 0 o 1 caso. Resulta estadísticamente imposible que, en un país con manufactura extractiva y manejo de metales, el saturnismo haya mantenido cero casos entre 2010 y 2014, o que la asbestosis no figure en los registros de una manufactura de construcción en expansión.
– El espejismo de los riesgos biológicos (2021-2022): Los datos revelan un pico de 494 diagnósticos en 2021 y 462 en 2022. Este aumento, condicionado solamente por el COVID-19, evidencia que el sistema solo detecta lo obvio y lo inmediato, mientras ignora patologías degenerativas a largo plazo, como sorderas profesionales o afecciones pulmonares químicas, que vuelven a registros marginales tras la pandemia.
– La prueba del sesgo institucional: El dato más revelador proviene de la propia gestión institucional de 2024: de los casos reinvestigados, el 52 % fue recalificado a favor del afiliado. Esto confirma que la barrera inicial para conceder una enfermedad es desproporcionadamente alta y que la “ceguera” inicial es un filtro de contención de gastos, no una realidad epidemiológica.
El vacío documental: el riesgo de trabajar sin huella ni control
La protección del trabajador comienza con el registro riguroso de su exposición (una evaluación de riesgos), tal como exigen el Reglamento 522
