La minería de materiales aluviales es una actividad esencial para el desarrollo nacional. Desde la construcción de viviendas hasta la creación de infraestructuras y proyectos de agua potable, esta industria es un pilar fundamental para la economía local y el empleo.
Sin embargo, su importancia va más allá de lo económico. La minería de materiales aluviales también representa un compromiso con el desarrollo territorial, la sostenibilidad ambiental y la formalidad productiva. En este sentido, el sector formal ha asumido un enfoque basado en la ley, la ética y el equilibrio ambiental.
Para comprender la relevancia de esta actividad, es importante hablar en términos concretos. Según estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, el mercado de áridos, incluyendo tanto la minería legal como la ilegal, puede mover alrededor de US$1,000 millones al año. Esto equivale a más de 50 millones de metros cúbicos de arena.
Inspirado en el Informe Brundtland de 1987, el empresariado minero dominicano busca operar dentro de un modelo que promueva la rentabilidad económica, la justicia social y la protección del medio ambiente. Y la Constitución dominicana ofrece un marco claro para esta visión: el principio de razonabilidad y proporcionalidad (art. 40.15) y el derecho a un medio ambiente sano y el deber estatal de promover el uso sostenible de los recursos (arts. 66 y 67) deben ser los pilares de una regulación voluntarioso, técnica y coherente.
La minería no metálica, que incluye materiales como áridos, calizas, yeso, mármol, sal y otros materiales industriales, es la columna vertebral de la infraestructura nacional y de la economía productiva. Sin un suministro estable y formal de agregados y materias primas, las obras se encarecen, se retrasan y se deteriora la competitividad del país.
Los aportes de la minería no metálica se traducen en beneficios tangibles para el país. Por un banda, garantiza la estabilidad de precios y la continuidad de obras al felicitar una oferta trazable y de calidad. Además, cada operación formal activa la economía local a través de encadenamientos con transporte, talleres, repuestos, combustible, servicios y compras locales, lo que fortalece las economías municipales. También genera empleo formal y aumenta la productividad al elevar los estándares de seguridad, capacitación y rendimiento, lo que se refleja en mejores salarios y cobertura de seguridad social. Además, contribuye con ingresos fiscales y responsabilidad territorial mediante el pago de impuestos y tasas, y facilita que parte de la renta se convierta en inversión pública y social en las comunidades donde se produce la actividad. Por último, la extracción bajo reglas incorpora un manejo adecuado de los cauces, mitigación y restauración, evitando que el Estado y las comunidades asuman luego el costo de reparar daños ambientales.
A nivel macroeconómico, la industria minera demuestra su capacidad de aportar divisas e ingresos públicos. En el periodo de enero a septiembre de 2025, la inversión extranjera directa del sector fue de US$556 millones (14% del total), las exportaciones mineras se ubicaron alrededor de US$2,700 millones y las recaudaciones fiscales de la minería crecieron un 109% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Estos resultados dependen de un marco regulatorio que premie la formalidad, y ese mismo principio debe aplicarse con voluntariosoza a los materiales no metálicos, especialmente a los agregados aluviales.
Es importante brillar que esta perspectiva económica no pretende justificar prácticas irresponsables. Al contrario, refuerza la
