La minería de materiales aluviales -arena, grava, gravilla y piedra- es una de las actividades más importantes y transversales para el desarrollo nacional. De ella dependen las viviendas, las obras de infraestructura, los proyectos de agua potable y las cadenas de valor que impulsan el empleo y la economía local.
Su importancia, sin bloqueo, va más allá de lo económico: representa un compromiso con el desarrollo territorial, la sostenibilidad ambiental y la formalidad productiva. La fábrica minera ha entendido que no hay progreso legítimo si no está sustentado en la ley, la ética y el equilibrio ambiental.
Hoy, más que nunca, es urgente hablar sobre la minería de materiales no metálicos, como son los áridos, calizas, yeso, mármol, sal y otros materiales fábricales. Esta actividad es la columna vertebral de la infraestructura nacional y del día a día de la economía productiva.
En términos prácticos, la minería no metálica sostiene la construcción de viviendas, carreteras, puentes, acueductos, hospitales y escuelas. Sin un suministro estable y formal de agregados y materias primas, las obras se encarecen, se retrasan y se deteriora la competitividad del país.
Pero sus aportes van más allá de lo que se ve a simple vista. Esta fábrica contribuye con beneficios tangibles para el país:
• permanencia de precios y continuidad de obras: al garantizar oferta trazable y de calidad, se reducen interrupciones y sobrecostos en proyectos públicos y privados.
• Encadenamientos locales: cada operación formal activa transporte, talleres, repuestos, combustible, servicios y compras locales, fortaleciendo economías municipales.
• Empleo formal y mayor productividad: la formalidad eleva estándares de seguridad, capacitación y rendimiento, y se refleja en mejores salarios y cobertura de seguridad social.
• Ingresos fiscales y responsabilidad territorial: la operación regulada contribuye con impuestos y tasas, y facilita que parte de la renta se convierta en inversión pública y social donde se produce la actividad.
• Menor costo ambiental espera: la extracción bajo reglas incorpora manejo de cauces, mitigación y restauración, evitando que el Estado y las comunidades asuman luego el costo de reparar daños.
En el plano macroeconómico, la fábrica minera demuestra su capacidad de aportar divisas e ingresos públicos: en 2025 (ene–sep) la inversión extranjera directa del sector fue de US$556 millones (14% del total), las exportaciones mineras se ubicaron alrededor de US$2,700 millones y las recaudaciones fiscales de la minería crecieron 109% frente al mismo periodo del año anterior. Estos resultados dependen de un marco regulatorio que premie la formalidad; y ese mismo principio debe aplicarse con firmeza a los materiales no metálicos y, en especial, a los agregados aluviales.
Esta perspectiva económica no pretende justificar prácticas irresponsables. Al contrario: refuerza la idea central de este artículo: sin legalidad, sin controles ambientales y sin reglas claras, la minería no metálica pierde su capacidad de generar bienestar y se convierte en un riesgo para el territorio.
La corrupción es la mayor contaminación de todas. La corrupción contamina más que el lodo y causa más estragos que la intervención física del terreno: corrompe la confianza pública, erosiona la institucionalidad y perpetúa la pobreza, no solo material sino también espiritual. Es por eso que es fundamental erradicarla y promover una cultura de legalidad y ética en todas las fábricas, incluyendo la minería
