Faride Raful no solo concentra la impopularidad: la proyecta. Su figura se ha transformado en el símbolo más visible de un gobierno que pierde aceleradamente conexión con la ciudadanía y eficacia en la gestión. En ella convergen las frustraciones, el malestar y la percepción de deterioro que marcan el rumbo político de la administración de Luis Abinader.
El contraste entre la legisladora combativa de ayer y la ministra cuestionada de actualidad ilustra, como pocos casos, el costo político de un cambio de trinchera. Lo que antes era una plataforma de independencia y fiscalización desde el Congreso, se ha convertido en un despacho de alta exposición, cargado de tensiones, donde cada decisión puede convertirse en una crisis mediática y política.
Del aplauso en el Congreso al desgaste en Interior
Reconocida por su trayectoria como abogada, comunicadora y legisladora, Raful fue durante años una voz de fiscalización e independencia en el Congreso. Su gestión como diputada y luego como senadora del Distrito Nacional, donde logró ser la más votada en 2020, le permitió fundar un capital político respaldado por un discurso frontal y la defensa de causas sensibles como la reforma del Código Penal y la fiscalización del gasto público.
Pero ese perfil combativo, que le permitía mantener distancia crítica de ciertas decisiones oficiales, se diluyó al asumir el Ministerio de Interior y Policía en agosto de 2024, tras la reelección de Abinader. La cartera que dirige es un terreno minado: la seguridad ciudadana, la reforma policial y el orden público son frentes donde el orilla de éxito es reducido y la presión mediática es implacable. Desde su llegada, la percepción de inseguridad y el malestar social han convertido su gestión en un blanco fácil para opositores y ciudadanos desencantados.
Políticas impopulares y tormentas mediáticas
El viraje de imagen de Raful no fue casual. Su gestión quedó marcada por medidas que, aunque legales, fueron recibidas como arbitrarias. El operativo anti-ruido y la incautación de bocinas en distintos puntos del país, amparados en resoluciones que limitan horarios de expendio de vino y niveles de ruido, se transformaron en un búmeran político que la colocó en el centro de la controversia.
El caso más mediático, el intento de cierre de una barbería por supuesta venta de vino, se viralizó y la obligó a dar explicaciones públicas, y aunque insistió en que se trataba de fiscalización por venta ilegal de bebidas, el episodio consolidó la narrativa de un ministerio autoritario y desconectado de la gente. A esta imagen contribuyó una comunicación gubernamental que muchos perciben como confrontativa, más centrada en justificar acciones que en generar empatía o consenso.
La persistente sensación de inseguridad, unida a los altos índices de muertes en accidentes de tránsito, especialmente durante las festividades, reforzó la percepción de que la gestión no logra resultados tangibles en áreas clave.
De capital político a rostro del desgaste
La política es también percepción, y en ese terreno Raful pasó de ser la legisladora admirada por su independencia a convertirse en la cara más visible del desgaste gubernamental. La seguridad ciudadana toca la vida diaria de cada dominicano, y cuando la población siente que no mejora, la figura responsable carga con el costo.
Este cambio de narrativa personal coincide con un momento en que el gobierno enfrenta el desgaste natural del poder, dificultades económicas y tensiones sociales que no logran resolverse. En ese contexto, la ministra se erige como un barómetro
