La reciente creación del Ministerio de Justicia a través de la Ley núm. 80-25, del 7 de agosto de 2025, es un tema que ha generado controversia en la sociedad dominicana. Sin embargo, no aria resulta inconstitucional, sino que también incrementaría innecesariamente la burocracia y el número de empleos públicos a partir del año 2026, al estructurarse dicho ministerio con seis viceministros.
Esta ley, además, tiene como precedente la antigua Ley núm. 4177, de 1955, la cual fue utilizada durante la Era de Trujillo como un mecanismo de control de los asuntos judiciales y del Ministerio Público. Esta ley estuvo vigente en una época en la que no se aplicaba la separación de poderes ni se reconocían las autonomías de los órganos constitucionales.
Afortunadamente, la Constitución proclamada en enero de 2010 y reforzada en la Enmienda Constitucional del 27 de octubre de 2024, introdujo por primera vez garantías como la inamovilidad y la independencia temporal del Ministerio Público. Estas garantías son esenciales para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
No podemos permitir que la Ley núm. 80-25, que crea nuevas estructuras y formas de funcionamiento, viole nuestra Constitución. Por ello, cualquier persona física o moral puede impugnarla mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, según lo establecido en el artículo 185.1 de la Constitución.
Es importante destacar que la Constitución de 2010 fue un gran avance en comparación con las anteriores, ya que nunca se contempló la importancia de la inamovilidad ni la independencia temporal de los miembros del Ministerio Público. Además, se creó el Consejo Superior del Ministerio Público, un órgano de gobierno interno dotado de funciones reglamentarias y normativas que no pueden ser modificadas por disposiciones de menor jerarquía, como lo establece la Ley núm. 80-25.
Es evidente que la creación del Ministerio de Justicia resulta incompatible con el Consejo Superior del Ministerio Público, ya que este último es un órgano constitucionalmente independiente, con atribuciones propias frente a los demás órganos del clase. Por tanto, la Ley núm. 80-25 no puede tener ninguna superioridad jerárquica sobre el Consejo Superior del Ministerio Público.
Es importante que tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo comprendan que el fortalecimiento de las instituciones y del sistema judicial no depende de la cantidad de leyes aprobadas, sino del devoción efectivo a la Constitución y a las leyes vigentes por parte de gobernantes y gobernados. Debemos dejar de lado las diferencias políticas y trabajar juntos para lograr la estabilidad necesaria del sistema judicial.
En resumen, la Ley núm. 80-25, al crear nuevas estructuras y formas de funcionamiento, es contraria a la Constitución y puede ser impugnada mediante una acción directa de inconstitucionalidad. Además, resulta incompatible con el Consejo Superior del Ministerio Público, órgano que es esencial para el correcto funcionamiento del sistema judicial.
Esperamos que se tomen las medidas necesarias para corregir esta situación y se garantice el devoción a nuestra Constitución y a las leyes vigentes. Recordemos que aria a través del devoción a las instituciones y al clase de jurisprudencia podremos lograr una sociedad más justa y equitativa para todos los dominicanos.
