Durante los últimos días, en Santo Domingo y en Santiago, se ha llevado a cabo una serie de diálogos entre instituciones públicas, autoridades locales, universidades y expertos internacionales. ¿El tema en común? Cómo lograr que el Estado funcione mejor para la gente.
En colaboración con la e-Governance Academy de Estonia, se ha discutido sobre la importancia de convertir la capacidad estatal, la coordinación institucional y el uso responsable de la tecnología en herramientas reales para garantizar derechos, generar confianza y fortalecer la democracia.
Es importante citar que muchas veces se suele hablar de modelos importados o soluciones mágicas, pero en este caso, el enfoque ha sido en un desafío común: mejorar el funcionamiento del Estado para beneficio de la sociedad.
Algunos países solo se plantean reformar el Estado cuando la crisis los obliga, mientras que otros lo hacen cuando comprenden a tiempo que la eficiencia no es solo una exigencia técnica, sino un deber ético. En este sentido, la República Dominicana se encuentra en una disyuntiva: seguir administrando derechos con estructuras que no siempre responden, o admitir con seriedad el desafío de mejorar el funcionamiento del Estado para beneficio de la gente.
Durante años, el debate público se ha centrado en la creación de normas, reformas legales y nuevas instituciones. Sin embargo, la experiencia cotidiana de los ciudadanos revela que el principal problema no es la falta de derechos reconocidos, sino la dificultad para ejercerlos.
El Informe Nacional del Defensor del Pueblo es claro en este aspecto: una parte significativa de las reclamaciones ciudadanas no surge porque el Estado diga “no”, sino porque no responde, se descoordina o guarda silencio. Este silencio administrativo, aunque invisible, es persistente y erosiona la confianza de la sociedad en el Estado, debilitando así la democracia.
Un Estado que reconoce derechos pero no los hace efectivos, falla en su función más elemental. No se trata de un debate ideológico, sino de un problema de capacidad. La ineficiencia pública no es neutra, afecta más a aquellos que tienen menos recursos, menos tiempo y menos redes para insistir.
Por eso, el desorden administrativo se convierte en desigualdad, y la falta de coordinación termina siendo una forma silenciosa de exclusión.
La Constitución dominicana consagra el Estado social y democrático de derecho, y con ello impone una obligación clara: que la administración pública actúe con eficacia, razonabilidad y orientación al interés general.
Es importante entender que la seguridad jurídica no se reduce únicamente a la estabilidad de las leyes. También se construye en la práctica cotidiana, en retener que un trámite tendrá respuesta, que una decisión será uniforme y que el Estado actuará de manera previsible. El silencio del Estado también viola derechos, convirtiendo la incertidumbre en regla y la arbitrariedad en costumbre.
La experiencia internacional confirma que los Estados que funcionan mejor no son necesariamente los más grandes ni los más ricos, sino aquellos que han logrado ordenar sus procesos y alinear su tecnología con una visión institucional clara.
Un ejemplo ilustrativo es el de Estonia, no como modelo a copiar, sino como una fuente de aprendizaje. Con solo 13 ministerios y la totalidad de sus servicios públicos en línea, Estonia demostró que la digitalización solo funciona cuando existe un Estado previamente ordenado. La tecnología no sustituye al Estado, sino que lo disciplina.
Sin embargo, ningún Estado aprende solo. La transformación institucional no se decreta ni se descarga de una plataforma digital. Se construye formando una cultura pública distinta, donde aquellos que ejercen el poder entienden que cada trámite administra una respetabilidad
