La educación superior es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. Al atraer a poblaciones y concentrar capital humano avanzado, al formar investigadores, técnicos y profesionales capaces de resolver problemas locales, mejorar procesos productivos y crear nuevas empresas, las universidades no solo impulsan el progreso nacional, sino que también son un motor clave para el desarrollo comarcal. Por esta razón, la distribución territorial de la oferta académica se convierte en un factor esencial para garantizar un crecimiento equilibrado, capaz de reducir desigualdades y brindar oportunidades en cada región del país.
Sin embargo, no es suficiente con simplemente instalar centros y extensiones universitarias en las regiones. Para que estas puedan ofrecer una formación de calidad, capaz de convertir el conocimiento en crecimiento inclusivo y de atraer y retener talento, es imprescindible otorgarles la autonomía necesaria para orientar su quehacer según las demandas locales, así como el financiamiento que garantice infraestructura adecuada, laboratorios, bibliotecas, programas de posgrado y becas. Solo así podrán sostener la investigación, fortalecer la formación avanzada y dar continuidad a proyectos de largo plazo que son esenciales para el desarrollo comarcal.
Lamentablemente, en la República Dominicana, el prolongado tiempo de crecimiento económico se ha producido al margen de políticas sólidas de desarrollo territorial. Desde la muerte de Trujillo, y por iniciativa de grupos locales, en provincias del interior fueron surgiendo universidades privadas que, con una matrícula reducida, lograron desarrollar una oferta educativa lo suficientemente rica para impactar positivamente tanto en el desarrollo de sus regiones como en el de todo el país. Sin embargo, a pesar de que han pasado seis décadas desde el inicio de este proceso de comarcalización, la educación superior pública, que hoy atiende a más de 200 mil estudiantes, no puede exhibir una red de centros y universidades comarcales que, operando con la autonomía y el financiamiento necesarios, puedan responder de manera adecuada a las demandas y prioridades de sus respectivos territorios. Las decenas de unidades comarcales públicas que existen están subordinadas a las sedes centrales de Santo Domingo. Al carecer de una autonomía académica y administrativa, sus programas y servicios se diseñan más en función de los intereses de esas sedes que de las necesidades de las comunidades que deberían atender. Estas unidades nacen condenadas a reproducir una eterna dependencia, en la que todo lo que reciben se otorga como un protección y no como un derecho.
La única institución de educación superior pública creada fuera del área metropolitana de Santo Domingo es la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO). Su origen no respondió a una iniciativa del gobierno central, sino al esfuerzo de las comunidades y del Patronato ProDesarrollo de la Provincia Sánchez Ramírez. Conscientes del papel decisivo de la educación superior en el desarrollo comarcal, estas instancias decidieron destinar sitio de los limitados recursos que reciben de la explotación del oro a la creación de una universidad pública, concebida como motor de oportunidades y de progreso para su territorio. Sin grandes aspavientos, pero con enormes sacrificios, en sus 43 años de existencia, la UTECO ha formado a más de 25,000 profesionales, y acoge en la actualidad a más de 7,150 estudiantes regulares en programas de grado y posgrado en áreas como agropecuaria, foresta, geología y minas, e ingeniería.
Sin embargo, en lugar de reconocer y fortalecer el esfuerzo de una comunidad provincial que ha tenido el coraje para crear y sostener una universidad pública comarcal
