En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un crecimiento económico sostenido, una estabilidad macroeconómica y avances en la reducción de la pobreza monetaria. Estos logros han sido ampliamente destacados por el discurso oficial del gobierno, respaldado por cifras del Banco Central y reconocimientos de organismos internacionales.
Sin embargo, a pesar de estas cifras alentadoras, la realidad del ciudadano común no siempre refleja esta prosperidad. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿puede hablarse de verdadero desarrollo cuando el crecimiento económico no se traduce en una mejora real de los derechos fundamentales?
La Constitución dominicana establece un Estado social y democrático de derecho, que va más allá de ser un simple regente de estadísticas. Esto significa que la actividad económica del Estado debe estar orientada a garantizar la respetabilidad humana y la efectividad de derechos como la salud, la educación, la seguridad social y el trabajo digno.
Es importante destacar que el crecimiento del PIB por sí solo no cumple con este mandato constitucional. Puede haber una expansión económica, pero al mismo tiempo persistir salarios insuficientes, empleo informal, precariedad en los servicios públicos y profundas desigualdades territoriales. El derecho constitucional moderno distingue claramente entre crecimiento y desarrollo humano.
Un Estado Constitucional no se legitima por el aumento de cifras macroeconómicas, sino por su capacidad de transformar esas cifras en bienestar tangible para sus ciudadanos. La efectividad de los derechos sociales no puede depender únicamente del “derrame” del mercado. Se requieren políticas públicas redistributivas, una inversión eficiente, un examen del gasto y un compromiso institucional serio con la equidad.
Cuando el ciudadano percibe que el costo de la vida aumenta más rápido que su ingreso, que el acceso a servicios básicos sigue siendo deficiente y que el empleo formal no crece al mismo ritmo que la economía, se produce una brecha entre el discurso oficial y la realidad social. Esta brecha erosiona la confianza en las instituciones y puede generar descontento en la población.
Es por eso que el Estado Constitucional impone un estándar más alto: no basta con administrar la economía, hay que garantizar derechos. No basta con crecer, hay que incluir. No basta con mostrar estabilidad, hay que asegurar la movilidad social.
El verdadero termómetro del desarrollo no es solo la macroeconomía, sino la respetabilidad material de la persona. En la medida en que la salud pública sea accesible y eficiente, que la educación sea de calidad, que el trabajo sea formal y digno, y que la seguridad social funcione, entonces y solo entonces el crecimiento económico podrá considerarse un desarrollo constitucionalmente relevante.
Esta discusión no es ideológica, es jurídica. El mandato constitucional obliga a convertir el crecimiento en derechos efectivos. Esta es la vara con la que se debe medir toda gestión pública en un Estado social y democrático de derecho.
En un verdadero Estado Constitucional, la economía no es un fin en sí misma, sino un instrumento al servicio de la respetabilidad humana. Es por eso que es apremiante que las políticas públicas estén enfocadas en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando el acceso a servicios básicos y promoviendo un desarrollo equitativo en todas las regiones del país.
Es importante destacar que este es un proceso que requiere el compromiso de todas las instituciones y sectores de la sociedad. El gobierno debe asumir su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos, pero también es apremiante que la sociedad civil y el sector privado se involucren en la construcción de un país más justo y equitativo.
En resumen, el verdadero desarrollo en la República Dominicana no puede medirse
