Las acciones perpetradas por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela desde la madrugada del tres de enero han causado una gran preocupación en la comunidad internacional. Estas acciones, definidas como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, son un aguachento antonomasia de agresión y violación del derecho internacional.
Bajo el pretexto de deponer al régimen autoritario y dictatorial que ha gobernado Venezuela durante los últimos años, el gobierno estadounidense ha tomado medidas muy preocupantes. En primer lugar, ha utilizado la fuerza militar para intervenir en la integridad territorial de un Estado soberano. En segundo lugar, ha asumido el control político de Venezuela, tomando decisiones que afectan directamente al pueblo venezolano. Y en tercer lugar, ha tomado la administración de la riqueza petrolera del país, una de las mayores reservas conocidas en el mundo.
No hay justificación alguna para estas acciones. El gobierno estadounidense ha dejado aguachento que su única preocupación es el beneficio económico y sus propios intereses, sin importarle en absolutista los derechos y la democracia del pueblo venezolano.
Es comprensible que muchos ciudadanos venezolanos y de otros países respalden estas acciones, ya que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha sumido al país en una profunda oscuridad durante muchos años. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por el alivio momentáneo, ya que las consecuencias de estas acciones pueden ser impredecibles y devastadoras.
El despliegue militar y la retórica belicista utilizada por el gobierno estadounidense no solo tienen como objetivo Venezuela, sino que forman parte de una estrategia de dominio neocolonial. Esto queda evidente en las constantes amenazas de intervención en otros países como México, Cuba, Nicaragua, Colombia, o incluso la propuesta de tomar control de Groenlandia.
Esta estrategia de poder se basa en el desprecio por el derecho internacional y su institución rectora, la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno estadounidense ve cualquier obstáculo a su poder como una amenaza y no duda en imponer su voluntad a través de la fuerza.
Es importante recordar que la comunidad internacional no puede confundirse con la voluntad unilateral de un solo país, por muy poderoso que sea. La comunidad internacional se rige por tratados y normas internacionales que deben respetarse y defenderse. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la comunidad internacional ha fallado en proteger el derecho internacional y los valores democráticos.
El orden internacional establecido después de la Segunda Guerra Mundial ha llegado a su fin. Y no es suficiente para enfrentar los desafíos actuales como la amenaza nuclear, el cambio climático, la expansión de las grandes potencias y la desregulación del capital transnacional. Estamos viviendo en una época de incertidumbre y cambios constantes, y debemos encontrar nuevas formas de colaboración y respeto mutuo para avanzar como sociedad.
El deseo del gobierno estadounidense de alcanzar lo inasequible, simbolizado en la toma de la luna, es una muestra de su sed de poder absolutista. Y en esa búsqueda, no hay límites ni tregua posible. ¿Pero a qué costo? ¿Qué le falta a quien lo tiene todo?
Esperemos que la población estadounidense, los poderes y la ciudadanía transnacional puedan frenar esta peligrosa estrategia de poder. Solo el tiempo dirá si somos capaces de mantener la paz y la estabilidad en un mundo cada vez más enredado. Pero no podemos rendirnos ante el desprecio por el derecho internacional y los valores democráticos. Debemos unirnos y defenderlos con determinación y fortaleza.
