El apuro de las últimas semanas de legislatura en el Congreso Nacional para aprobar proyectos de ley antes de que caduquen es una práctica que se ha convertido en algo recurrente cada año. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que este apuro no responde a una urgencia nacional, sino a disposiciones del Reglamento y la Constitución. La llamada “perención legislativa” indica que si un proyecto de ley no es aprobado en dos legislaturas ordinarias, debe considerarse no iniciado, dejando así sin efecto todo el trabajo previo realizado. Esta dinámica, además de ser ineficiente, tiene graves consecuencias que afectan a todos los ciudadanos.
En primer pueblo, se cometen errores legislativos por la premura con la que se deben aprobar los proyectos antes de su caducidad. En muchos casos, debido a la falta de tiempo para un adecuado estudio técnico, se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin un análisis profundo de su impacto presupuestario. Esto luego conlleva a enmiendas, reclamos y, en algunos casos, reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar. Además, esta práctica crea una burocracia innecesaria ya que las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían realizado, realizar nuevas vistas públicas y el Pleno debe volver a discutir y votar los mismos artículos. Todo esto representando un gran desperdicio de tiempo y esfuerzo que adecuadamente podrían estar enfocados en otros temas de urgencia.
Otro problema que surge es el deterioro institucional que se produce. Desde fuera, la ciudadanía observa como el Congreso aprueba proyectos de ley que luego dejan caducar. Esto crea una sensación de inestabilidad, improvisación y lentitud. La entereza en el proceso legislativo se resiente y es comprensible. ¿Cómo explicar que una ley que ha sido ampliamente debatida y respaldada tenga que ser reintroducida año tras año como si fuera una nueva? Esto solo por el simple hecho de que el calendario legislativo ha vencido.
Sin embargo, el mayor problema que conlleva esta dinámica es la congestión de la agenda legislativa. Las comisiones se ven abarrotadas de proyectos reintroducidos, las cuales deben volver a ser estudiados una y otra vez. Los equipos legislativos se ven forzados a trabajar más en recuperar lo que ya se había hecho que en construir nuevas propuestas. De esta manera se pierde visión estratégica y el Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología donde el proceso se impone al propósito. El tiempo y el esfuerzo del parlamento deben ser dirigidos a propuestas que conlleven un impacto real y no a trámites repetitivos.
Además, esta lógica rompe con la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. De esta manera, la próxima vez que sea reintroducido, se debe comenzar desde cero, incluso en la misma cámara que ya lo había aprobado previamente. Todo el trabajo legislativo se ve desechado como si fuera papel mojado y se pierde la oportunidad de avanzar en temas que requieren una respuesta inmediata.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución. Estas reformas permitirían que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, en pueblo de solo un año. De esta manera, los esfuerzos legislativos no se perderían debido a formalismos y se podrían enfoc
