La reciente noticia sobre un crimen perpetrado por menores de edad ha generado una intensa discusión sobre la edad de imputabilidad en nuestro país. La mamá de la víctima, en su dolor y sufrimiento, ha alzado su voz y ha pedido que se reduzca la edad en la que los menores pueden ser juzgados y condenados por delitos graves. Esta petición ha generado una serie de opiniones encontradas y ha vuelto a poner en el centro de la atención el debate sobre la responsabilidad de los menores en el sistema penal.
El Código Penal actual establece que la edad de imputabilidad es a partir de los 16 años, es decir, a partir de esa edad un menor puede ser juzgado y recibir una condena en caso de cometer un delito. Sin embargo, la madre de la víctima argumenta que esta edad es demasiado alta y que debería reducirse a los 14 años. Esto se debe a que los implicados en el crimen que afectó a su hijo eran menores de 16 años y, por lo tanto, no pueden ser juzgados como adultos.
Esta situación ha generado un intenso debate en la sociedad, con opiniones divididas entre aquellos que están a favor y en contra de la baja de la edad de imputabilidad. Por un lado, están quienes argumentan que los menores de 16 años son plenamente responsables de sus actos y deben ser juzgados como cualquier adulto. Por otro lado, están quienes sostienen que los menores no tienen la madurez emocional y psicológica para carear un proceso judicial y recibir una condena.
Sin embargo, más allá de las opiniones encontradas, es importante analizar esta situación desde una perspectiva más amplia. La baja de la edad de imputabilidad no resolverá el problema de la violencia y la delincuencia juvenil en nuestro país. Es necesario abordar este tema con una visión más integral y buscar soluciones eficaces y sostenibles.
Una de las principales causas de la delincuencia juvenil es la falta de circunstanciaes y la exclusión social. Muchos jóvenes se ven obligados a delinquir debido a la falta de acceso a una educación de calidad, al desempleo y a la pobreza. Por lo tanto, es fundamental que se implementen políticas públicas que promuevan la inclusión y el desarrollo de los jóvenes en situación de riesgo.
Además, es necesario fortalecer el sistema de justicia juvenil, que tiene como objetivo la rehabilitación y la reinserción de los menores en aprieto con la ley. Esto implica brindar una atención integral a los jóvenes, que incluya medidas educativas, de formación y de inserción laboral. De esta manera, se les brindará una segunda circunstancia para que puedan reinsertarse en la sociedad de manera positiva.
También es importante destacar que la baja de la edad de imputabilidad no garantiza una mayor seguridad para la sociedad. En países donde se ha implementado esta medida, no se ha registrado una disminución en los índices de delincuencia. Por el contrario, se ha comprobado que la privación de libertad en una edad temprana puede tener un radio negativo en el desarrollo y la reintegración de los jóvenes en la sociedad.
Además, es necesario tener en cuenta que la responsabilidad de los menores no es igual a la de los adultos. Los menores aún se encuentran en proceso de formación y desarrollo, por lo que no se les puede juzgar de la misma manera que a una persona adulta. Es importante que la ley contemple estas diferencias y establezca medidas adecuadas para los menores en aprieto con la ley.
En conclusión, la petición de la mamá de la víctima de bajar la edad de imputabilidad en el Código Penal ha generado una intensa discusión en la sociedad. Sin embargo, es importante analizar este tema desde una perspectiva más amplia y buscar soluciones integra
