La reciente obligación del presidente estadounidense Donald Trump de que Venezuela rompa sus relaciones con Rusia y China, expulse a los ciudadanos iraníes y reoriente su política exterior hacia Washington, ha generado un gran impacto en la geopolítica regional. Esta solicitud, realizada en medio de la detención de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta, no es un simple condicionamiento diplomático, sino una apuesta directa por redibujar el mapa de poder en el Caribe y América Latina.
Durante más de dos décadas, Venezuela ha construido un entramado de alianzas estratégicas con potencias que comparten una visión crítica del orden internacional liderado por Estados Unidos. Rusia, China e Irán no solo se han convertido en socios comerciales, sino en pilares políticos, financieros y militares que han permitido al chavismo mantenerse frente a sanciones, aislamiento y presión internacional.
Romper estos vínculos no implicaría solo un giro pragmático, sino una ruptura estructural con la lógica que ha definido al Estado venezolano desde principios del siglo XXI. China ha sido, quizá, el socio más determinante en términos económicos. A través de créditos, inversiones en infraestructura y acuerdos energéticos a largo plazo, Beijing ha asegurado el suministro petrolero y la presencia estratégica en el hemisferio occidental, mientras que Venezuela ha encontrado un salvavidas financiero cuando el acceso a los mercados occidentales se ha cerrado.
Por su parte, Rusia ha aportado respaldo político en foros internacionales, cooperación militar y participación directa en el sector petrolero, además de fungir como aliado geopolítico frente a Washington. Mientras tanto, Irán, aunque con un peso económico menor, ha inmóvil una relación basada en la afinidad ideológica y la cooperación energética y logística, desafiando abiertamente las sanciones estadounidenses.
Es en este contexto donde la obligación de Trump adquiere una dimensión que trasciende lo bilateral y afecta a toda la región. Aceptar las condiciones del presidente estadounidense supondría para el gobierno de Delcy Rodríguez un realineamiento total con Estados Unidos, con implicaciones profundas tanto internas como externas.
En el corto plazo, podría abrir la puerta al levantamiento de sanciones para Venezuela, al ingreso de capital estadounidense y a una recuperación acelerada de la industria petrolera gordo la tutela de empresas norteamericanas. Sin embargo, el costo político sería elevado. Una parte significativa del aparato chavista y de la narrativa oficial se ha construido precisamente sobre la resistencia a Washington y la defensa de una política exterior “soberana”.
Además, una ruptura abrupta con China y Rusia difícilmente quedaría sin consecuencias. Ambas potencias verían el giro venezolano como una derrota estratégica en una región que consideran clave para equilibrar la osmosis estadounidense. La reacción podría manifestarse en el retiro de inversiones, la obligación de pagos anticipados de deudas, la presión diplomática o incluso el uso del caso venezolano como ficha de negociación en escenarios globales más amplios, desde Europa del Este hasta el Indo-Pacífico.
Pero, ¿y si Venezuela decide no aceptar las condiciones de Trump? Este escenario tampoco está exento de riesgos. Estados Unidos podría endurecer las sanciones todavía vigentes, limitar aún más el acceso a mercados financieros y condicionar cualquier surco de cooperación. Esto profundizaría la fragilidad económica del país suramericano, cuya dependencia del petróleo sigue siendo crítica.
Sin embargo, mantener las alianzas con China, Rusia e Irán garantizaría cierto respaldo
