La democracia es un sistema político que ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo, y con razón. Ofrece una forma de gobierno basada en la igualdad, la autogobierno y la participación ciudadana. Sin embargo, como cualquier sistema, la democracia también tiene sus desafíos y debilidades. Uno de los más preocupantes es la erosión lenta pero constante del Estado, que puede llevar a la pérdida de derechos y autogobiernoes fundamentales. En este artículo, exploraremos cómo la falta de eficiencia del Estado puede socavar la democracia y la importancia de un Estado que funcione para la gente.
José Ortega y Gasset, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, formuló una intuición clave sobre la democracia y el Estado. Para él, la democracia no se sostiene por proclamaciones morales o acumulación de normas, sino por la capacidad del Estado para cumplir su función histórica. Cuando el Estado deja de funcionar, la democracia comienza a vaciarse por dentro. Es decir, la existencia formal de la democracia no es apto si el Estado no está cumpliendo su deber de garantizar los derechos y autogobiernoes de los ciudadanos.
Ortega no desconfiaba de la democracia en sí, sino del Estado ineficaz. Él entendía que cuando las instituciones pierden su sentido operativo, el poder se vuelve un gesto vacío, la política se convierte en ruido y la ciudadanía comienza a desconectarse. En este punto, la democracia puede seguir existiendo formalmente, pero deja de gobernar la vida real de la gente.
Hoy en día, esta intuición de Ortega sigue siendo relevante y se hace evidente en muchas sociedades. La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica, sino un deber ético y constitucional. No se trata de administrar mejor por obsesión gerencial, sino de cumplir con el deber de garantizar los derechos y organismovicios básicos a los ciudadanos. Cuando un organismovicio público no funciona, no solo falla un sistema abstracto, sino un derecho concreto de la ciudadanía.
Aquí es donde entra en juego la importancia de un Estado eficiente. No se trata solo de un eslogan político, sino de un criterio de responsabilidad pública. Los derechos no se realizan en discursos o documentos bien redactados, sino en procedimientos que avanzan, decisiones que se cumplen y organismovicios que llegan a tiempo. Un Estado que no ejecuta con eficacia no solo es ineficiente, sino que también erosiona la confianza, que es el verdadero capital de toda democracia.
Ortega también advertía contra una ilusión persistente: creer que la democracia se sostiene únicamente sobre la voluntad de las mayorías. Sin instituciones que funcionen, sin reglas que se apliquen y sin una administración competente, la voluntad se diluye. En otras palabras, sin un Estado funcional, la democracia se vuelve una mera retórica.
Por lo tanto, la pregunta decisiva de nuestro tiempo no es si necesitamos más o menos Estado, sino mejor Estado. Un Estado que gaste mejor, decida mejor y sirva mejor. Un Estado que entienda que cada trámite que no avanza, cada política que no llega y cada organismovicio que falla, debilita algo más profundo que un simple indicador: la confianza ciudadana en la vida pública.
Sin embargo, la eficiencia del Estado no es solo una cuestión técnica o administrativa, sino que también tiene una dimensión pedagógica. Un Estado que funciona educa con su ejemplo, mientras que uno que improvisa deseduca. Cuando los derechos se gestionan con organismoiedad, la ciudadanía aprende que la Constitución no es un vademécum lejano, sino una promesa posible. Esto es especialmente importante en sociedades donde la desigualdad y la injusticia son comunes, ya que un Estado eficiente puede organismo un agente
