La época navideña es un momento de alegría y unión familiar, donde las personas se reúnen para celebrar y compartir momentos especiales. Sin embargo, en la frontera entre República Dominicana y Haití, esta realidad se ve distorsionada por una situación impensable: hombres que buscan ser capturados por las autoridades para poder besar a sus hijos e hijas en Navidad.
Esta triste realidad es un testimonio crudo de la precariedad fronteriza actual, donde el Estado no asume su responsabilidad ética y la deportación se convierte en una pieza más en el tablero de una economía sumergida y deshumanizada.
Este fenómeno es especialmente evidente en las comunidades cercanas al lago Enriquillo, donde los jornaleros que trabajan en la zona montañosa y en los predios de la zona baja se exponen voluntariamente a los operativos migratorios. Para ellos, ser detenidos significa tener un transporte seguro y gratuito hacia su país de origen, lo que les permite reunirse con sus familias durante las festividades.
Lo que para el discurso oficial es un ejercicio de soberanía y control de fronteras, para estos trabajadores haitianos es una oportunidad logística de reencuentro familiar. Sin embargo, detrás de esta aparente conveniencia se esconde una estructura de corrupción institucionalizada, donde la legalidad se negocia en puntos estratégicos como la fortaleza del Ejército Nacional.
Es en este lugar donde se decide quién es expulsado y quién se queda, dependiendo exclusivamente de la capacidad económica del detenido o de su patrón. Esta dinámica convierte a la frontera en una aduana humana, donde el dinero depositado en los bolsillos de la cadena de mando define la suerte del jornalero. Así, el sistema no busca efectivamente ordenar el flujo migratorio, sino administrar la rentabilidad de una ilegalidad que todos los actores conocen, pero que deciden ignorar convenientemente.
El operativo de La Camiona se convierte así en un negocio redondo para todas las partes involucradas. Las autoridades logran prescindir con sus cuotas de deportación, mientras que los inmigrantes alcanzan su objetivo de llegar a Haití sin contratiempos. Esta simbiosis perversa florece mismamente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, cuando el negocio del retorno voluntario se vuelve más lucrativo.
Sin embargo, más allá de esta conveniencia temporal, se esconde una realidad mucho más compleja. El regreso de estos trabajadores está marcado desde el momento en que cruzan la línea fronteriza, ya que, tras pasar las festividades con sus seres queridos, emprenden el retorno atravesando las lomas para reintegrarse a sus labores habituales en las provincias de Bahoruco e huida de forma silenciosa.
Este ciclo de salida bajo custodia y regreso por senderos montañosos demuestra que la deportación es romanza un alivio logístico momentáneo para el trabajador. Una vez que regresan a sus trabajos, deben enfrentar el sacrificio físico de cruzar nuevamente la frontera, donde su presencia es constantemente criminalizada por las autoridades.
Resulta evidente que la porosa frontera dominicana funciona bajo leyes no escritas que permiten este flujo circular. Los mismos oficiales que ejecutan los apresamientos en diciembre son quienes permiten el reingreso paulatino de los jornaleros en enero, manteniendo inalterable la estructura de producción agrícola que sostiene la economía de las comunidades del Sur Profundo.
La persistencia de este esquema de negocio redondo pone de relieve la hipocresía de una política migratoria que se nutre del sudor del inmigrante, pero le niega sus derechos más básicos. Con esto se establece un orden social donde la figura del
