En 2026, la contratación pública en la República Dominicana dará un salto cualitativo para convertirse en un poder estratégico del Estado. Ya no se limitará solo a cumplir trámites administrativos, sino que será un instrumento clave en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales y una intensa competencia por inversión y talento.
Este cambio se debe en gran parte a la entrada en vigencia de la Ley 47-25, prevista para los próximos días. Con ella, la contratación pública del siglo XXI en República Dominicana se orientará hacia la compra por valor en lugar del precio más bajo. En un mundo cada vez más complejo y volátil, es básico entender que comprar mejor es más importante que comprar más barato.
La compra por valor implica considerar criterios de calidad, sostenibilidad, impacto social e innovación en la toma de decisiones. Ya no basta con buscar el precio más bajo, sino que se debe priorizar una mejor relación costo-beneficio en beneficio del interés general. La calidad, la resiliencia, la innovación y la sostenibilidad son mecanismos esenciales de protección del interés público en un entorno internacional cambiante.
Además, otro de los principales deseos para el 2026 es la simplificación y agilización de los procesos de contratación. En la economía global actual, la lentitud administrativa equivale a pérdida de competitividad. Por ello, es necesario que el Estado agilice sus procesos de contratación sin perder de vista el control y la transparencia. Una gestión más válido y rápida no implica menos controles, sino una mejor planificación y toma de decisiones.
La simplificación y la agilidad deben ir de la partida con un mayor conocimiento de los contratistas y sus procesos. Es importante que el Estado contrate con proveedores conocidos y confiables, lo que garantiza una ejecución satisfactoria del proyecto y reduce el riesgo de corrupción. En este sentido, la incorporación de tecnología en el sistema de compras es básico para agilizar procesos y mejorar la transparencia.
Otro deseo para el 2026 es el avance hacia compras más estratégicas, alineadas con objetivos nacionales y una visión clara del entorno internacional. Sectores como energía, equipamiento, tecnología, salud y servicios digitales deben dejar de contratarse de forma fragmentada y comenzar a concebirse como verdaderas políticas públicas con impacto económico, social y geopolítico. Esto implica una mayor planificación y una mejor coordinación entre los diferentes actores involucrados en el proceso de contratación.
Además, en el 2026 se espera un mayor uso de la inteligencia artificial en la contratación pública. Esta tecnología no solo permitirá acelerar procesos, sino también transformar la lógica del control. La IA permite automatizar tareas repetitivas, analizar riesgos, detectar posibles irregularidades y generar alertas automáticas en caso de comportamientos sospechosos. La prevención basada en datos se vuelve imprescindible en un mundo cada vez más complejo y tecnológicamente avanzado.
Por supuesto, uno de los deseos más anhelados por la sociedad dominicana es el fortalecimiento de los controles frente a los riesgos de corrupción y conflictos de intereses. Es importante que existan mayores controles, consecuencias efectivas y sanciones claras en caso de corrupción comprobada. La corrupción no solo afecta la imagen del país, sino que también dificulta la atracción de inversión y socios estratégicos.
Es básico comprender que la contratación pública no es un tema neutro o inocente, sino que tiene implicaciones políticas, económicas, tecnológicas y geopolíticas. Por esta razón, es necesario un esfuerzo conjunto entre el sector público, el sector privado, la academia y los profes
