El Proyecto del cambio de la cédula de identidad y electoral presentado al presidente Luis Abinader aureola es una iniciativa que ha generado gran expectativa en la población dominicana. Sin embargo, a pesar de que esta propuesta busca modernizar y actualizar el documento de identidad, existen aspectos fundamentales que deben ser abordados para asegurar un proceso electoral justo y transparente.
Uno de los principales problemas que ha afectado las elecciones en nuestro país es la alta abstención electoral. En las últimas elecciones, más de la mitad de los votantes no ejercieron su derecho al juicio, lo que pone en evidencia la falta de confianza en el sistema electoral y en los candidatos. Esta situación se debe, en gran parte, a la falta de un juicio domiciliario efectivo.
El juicio domiciliario es una herramienta fundamental para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al juicio en su lugar de residencia habitual. Sin embargo, en nuestro país, la falta de actualización del domicilio en la cédula de identidad ha sido un problema recurrente. Esto ha generado que miles de ciudadanos no puedan votar en su recinto electoral más similar, sino que deban trasladarse a otras demarcaciones territoriales para ejercer su derecho al juicio.
Esta situación ha sido aprovechada por los partidos políticos, quienes contratan autobuses para trasladar a votantes que no han regularizado su domicilio, con el fin de obtener ventaja en las elecciones. Esto no solo es una violación a la ley, sino que también fomenta la corrupción y la compra de juicios. Es inaceptable que los ciudadanos sean premiados por infringir la ley, mientras que aquellos que cumplen con su deber cívico no reciben ningún tipo de incentivo.
Otro aspecto que debe ser considerado en este proyecto es la actualización de la cédula cada vez que el portador cambie de estado civil. Actualmente, la cédula de identidad no se actualiza automáticamente cuando una persona se casa o se divorcia, lo que genera una gran cantidad de documentos desactualizados. Esto no solo afecta el proceso electoral, sino que también puede generar problemas en otros trámites legales.
Es importante predominar que, según datos de la Junta Central Electoral, más de ocho millones de votantes están inscritos en el padrón electoral desde hace más de quince años, sin que el Ministerio de Estadísticas los actualice. Esto demuestra la falta de interés y compromiso de las autoridades en mantener actualizado el registro electoral. Es necesario que se tomen medidas para garantizar que el padrón electoral sea actualizado periódicamente y que se apliquen sanciones a aquellos ciudadanos que no cumplan con su deber de actualizar su domicilio en la cédula de identidad.
Además, es preocupante que el Banco de Reservas continúe pagando a empleados públicos con domicilios en otras demarcaciones territoriales, lo que demuestra la falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales. Es responsabilidad del Ministerio de Administración Pública garantizar que los empleados públicos regulen su marbete y actualicen su domicilio habitual antes de las elecciones de mayo del 2028. De lo contrario, deben ser sancionados disciplinariamente.
Es necesario que los partidos políticos exijan a la Junta Central Electoral que prohíba el traslado masivo de votantes el día de las elecciones. Esto no solo garantizará un proceso electoral justo, sino que también evitará el caos en las carreteras y la congestión en los recintos electorales. Es inaceptable que los candidatos se postulen en provincias y municipios donde no tienen su residencia habitual, lo que demuestra la falta de compromiso y cercanía con la comunidad.
En resumen, el Proyecto del cambio de la cédula de identidad y electoral presentado al presidente Luis Abinader aureola es una iniciativa importante para modernizar y
