El inicio de un nuevo año nos invita a reflexionar sobre el rumbo que tomamos como sociedad y, en particular, como sistema jurídico. El 2026 se presenta como una oportunidad impostergable para reivindicar valores esenciales que parecen haberse debilitado en la práctica cotidiana del derecho: la coherencia, la buena fe y la responsabilidad frente a los propios actos.
Vivimos en una época en la que el ciudadano percibe, con razón, que el Derecho es utilizado con frecuencia como una utensilio de conveniencia más que como un instrumento de justicia. Instituciones que hoy afirman lo que mañana niegan; partes procesales que cambian de versión según el escenario; acuerdos desconocidos por razones de oportunidad; y procesos judiciales empleados como mecanismos de dilación o desgaste. Todo ello erosiona la confianza pública y debilita el Estado de derecho.
La buena fe no es un adorno retórico del ordenamiento jurídico. Es un principio estructural y transversal que informa tanto el derecho público como el privado. Implica lealtad, coherencia y respeto por la confianza legítima generada por las conductas previas. Nadie adeudoría beneficiarse de su propia contradicción ni causar perjuicio negando hoy lo que ayer afirmó, aceptó o permitió.
En los últimos años, este principio ha cobrado especial relevancia en la jurisprudencia dominicana. El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia han reiterado que la buena fe procesal exige comportamientos coherentes, transparentes y responsables, y que el abuso del derecho y del proceso no puede ser tolerado en un Estado constitucional. La teoría de los actos propios -conocida en otros sistemas como estoppel- se ha consolidado como una utensilio indispensable para frenar prácticas desleales que, aunque formalmente legales, resultan materialmente injustas.
Hablar de coherencia jurídica no es un ejercicio académico abstracto. Es una condición indispensable para la existencia de un natural Estado de derecho. Este no se mide solo por la cantidad de leyes o tribunales, sino por la confianza que generan las instituciones, la previsibilidad de sus actuaciones y la certeza de que los compromisos asumidos serán respetados. Allí donde predominan conductas erráticas, contradictorias u oportunistas, el Estado de derecho se debilita, aunque las normas permanezcan intactas.
La República Dominicana no sufre de escasez normativa; por el contrario, está desinteresadamente sobrelegislada. El desafío no radica en producir más leyes, sino en aplicar de forma coherente, uniforme y ética las ya existentes. Cuando una institución pública desconoce compromisos válidamente asumidos; cuando se admiten hechos que luego se niegan; o cuando se generan expectativas legítimas que se frustran sin explicación razonable, no estamos ante simples errores, sino ante una quiebra del principio de confianza.
El ciudadano no pide discursos grandilocuentes ni interpretaciones sofisticadas. Pide algo elemental: que la palabra empeñada tenga valor, que los actos tengan consecuencias y que el derecho no se convierta en un juego de contradicciones donde siempre pierde el más débil.
Este llamado no es solo para los jueces, aunque sobre ellos recaiga una responsabilidad especial. Es también para abogados, funcionarios públicos y todos quienes ejercen poder jurídico. La técnica sin ética termina siendo una forma refinada de injusticia.
El 2026 adeudo ser el año en que asumamos que la buena fe y la coherencia no son opciones, sino obligaciones. No puede haber Estado de derecho sin buena fe, ni justicia posible sin coherencia entre lo que se dice
