El año 2025 ha llegado a su fin, dejando atrás un período intenso y revelador para la sociedad dominicana. Durante estos últimos años, hemos sido testigos de debates, acusaciones falsas, cuestionamientos y expectativas que nos han llevado a examinar con mayor rigor la relación entre justicia, economía e instituciones. A pesar de no haber sido un año cómodo, ha sido profundamente revelador.
Más que fatiga, lo que se percibe en la sociedad dominicana es una tensión social acumulada. Esto se debe a años en los que el costo de la vida ha aumentado más rápido que los ingresos, la presión fiscal recae de manera desigual y amplios sectores sienten que el esfuerzo cotidiano no siempre se traduce en progreso. Sin embargo, esta tensión no es culpa de un junta en particular, sino que es el resultado de distorsiones estructurales que nuestro país arrastra desde hace décadas y que han afectado a administraciones de todos los partidos políticos.
La clase media productiva, compuesta por empleados, profesionales y pequeños empresarios, se enfrenta actualmente a un escenario complejo. Los salarios han perdido poder adquisitivo, los servicios públicos no siempre responden a las necesidades y el sistema impositivo parece más eficiente para adquirir que para corregir desigualdades. Mientras tanto, persiste la percepción de que existen privilegios diseñados para unos pocos en detrimento del interés general.
Esta tensión social tiene raíces profundas en nuestra sociedad. Durante años, hemos convivido con instituciones debilitadas, prácticas discrecionales y un modelo económico orientado más al consumo y la intermediación que al fortalecimiento de la producción nacional. Las consecuencias han sido una baja productividad, empleos precarios y limitadas oportunidades de movilidad social.
Sin embargo, el año 2025 también ha sido un año de definiciones. A pesar de los errores sistémicos, tensiones y casos que han generado preocupación pública, hoy en día contamos con condiciones institucionales distintas. Los escándalos ya no se manejan en silencio y el Ministerio Público actúa con un nivel de independencia desconocido en el pasado reciente. El poder político ya no controla los procesos judiciales como mecanismo de protección o retaliación.
Este cambio no es menor, representa un quiebre histórico que debe ser preservado y perfeccionado. La experiencia nos ha demostrado que no hay desarrollo sostenible sin instituciones que funcionen para todos y que no estén capturadas por intereses particulares.
Consolidar este avance requiere más que voluntad. El año 2026 debe ser un año de mayor eficacia institucional. La sociedad espera un Ministerio Público más ágil y dinámico, capaz de acelerar investigaciones sin sacrificar rigor jurídico y decidido a continuar depurando a aquellos que se apropian de recursos públicos de manera indebida. La lucha contra la corrupción no se mide por la inexistencia de casos, sino por la capacidad del Estado para enfrentarlos, sancionarlos y recuperar lo robado.
Pero la justicia, por sí sola, no resolverá los desafíos de nuestro país.
Es necesario realizar ajustes urgentes en nuestro modelo económico. Debemos avanzar hacia un esquema más equitativo que priorice la eficiencia, la productividad y el crecimiento compartido. La carga tributaria no puede flanquear recayendo de forma desproporcionada sobre la clase media, mientras persisten normas y excepciones que benefician a los sectores de mayor poder económico. La recientemente promulgada Ley de Residuos Sólidos, percibida por amplios sectores como desequilibrada, es un paradigma de legislación que merece ser revisada con criterios técnicos, equidad y sensibilidad
