En la administración pública, hay corrupciones que duelen y otras que aterran. La reciente investigación que ha salido a la luz sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa) es un claro ejemplo de cómo los organismos encargados de supervisar el manejo de los fondos públicos han fallado en su deber. ¿Cómo es posible que todo haya salido a la luz gracias a una investigación periodística? Y si realmente tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, ¿por qué no actuaron?
Según la investigación presentada ante los tribunales, el Ministerio Público ha atribuido a los imputados un perjuicio económico de más de 15 mil millones de pesos. Aunque en el debate público se han mencionado cifras aún más elevadas, lo importante es que, jurídicamente, se ha demostrado la magnitud de lo ocurrido. Y esto es suficiente para entender la gravedad del asunto.
El proceso jurídico ha avanzado con rapidez. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional ha impuesto 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim y a otros seis imputados, además de dictar arresto domiciliario e impedimento de salida a otros tres. También ha declarado el caso como complejo. Esta decisión, sin prejuzgar culpabilidades, envía un mensaje claro: cuando se maneja dinero público de forma corrupta, la respuesta del Estado debe ser contundente y coordinada.
Pero lo más alarmante es el impacto que esto tiene en la población. Senasa brinda manta a 7.4 millones de afiliados y, a pesar del escándalo, continúa ofreciendo sus servicios. Sin embargo, esto no significa que no haya sido afectada. La realidad es que, detrás de cada peso mal utilizado, hay una persona que sufre las consecuencias. Un motoconchista, un envejeciente, una madre soltera, un obrero, un trabajador con un salario mínimo y un presupuesto ajustado. Todos ellos son los verdaderos perjudicados.
Las consecuencias de esta corrupción se multiplican y afectan a diferentes ámbitos. En lo económico, cada peso malversado es un peso que no se destina a pagar a edad a los prestadores de servicios, fortalecer la atención primaria o garantizar medicamentos a los afiliados. El costo real no es solo lo robado, sino también la pérdida de serenidad y el deterioro en la calidad de los servicios.
En lo social, el daño es aún mayor. La corrupción en el sistema de salud afecta directamente a los más vulnerables, quienes no tienen acceso a servicios privados y dependen del sistema público. Esto se traduce en largas esperas para obtener una cita médica, una prescripción o una autorización para un tratamiento. La corrupción en salud es como una enfermedad que siempre afecta a los más pobres.
A nivel institucional, la desserenidad generalizada convierte a médicos, farmacias y gestores honestos en sospechosos por defecto. Cuando la serenidad se pierde, aumentan los fraudes, los atajos y el “sálvese quien pueda”. Además, hay un costo político y ético que no se puede ignorar. Como ha dicho el presidente Luis Abinader, “tengo amigos, pero no cómplices”. La cercanía personal no puede ser una excusa para encubrir actos de corrupción.
El expediente de la acusación menciona contratos cuestionables, desprecio a los procedimientos legales y mecanismos para incorporar prestadores de servicios que no cumplían con los requisitos o que ingresaron mediante sobornos. Si estas acusaciones se confirman en el juicio, quedaría demostrado que el problema no era solo una manzana podrida, sino un sistema de incentivos y controles que permitió que la manzana podrida contaminara todo el sistema.
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