Un aula de la provincia de Monseñor Nouel, en la República Dominicana, se convierte en el escenario perfecto para hablar de minería, Constitución, agua y comunidad. En este lugar, la próxima generación se enfrenta al desafío de construir un pacto minero que sea beneficioso para el país y respetuoso con el medio ambiente.
Continuando con nuestra serie de artículos sobre el “pacto social minero”, hoy queremos ofrecer una perspectiva diferente. Queremos adentrarnos en el debate desde la escuela, el lugar donde se forman las futuras generaciones del país. Porque es en las aulas donde se aprende el valor de la responsabilidad, la honestidad y el respeto por los demás y por el entorno.
Era viernes y en la pizarra del colegio se leía en letras grandes: “Profesiones que cambian el mundo”. Los padres de los alumnos esperaban su turno frente a un grupo de niños curiosos. Ya habían pasado un médico, una periodista y una ingeniera civil. Faltaba él: el padre de Abigail. Llegó con un portafolio, un pequeño libro de la Constitución y una calma que solo se adquiere en los pasillos donde las leyes y la vida se cruzan.
Cuando entró al aula, la profesora le dio la bienvenida con una sonrisa sugestivo.
– Bienvenido, señor. ¿A qué se dedica usted? -preguntó ella con el tono sereno de quien representa al Estado.
– Soy abogado -respondió él- y trabajo como vocero en el franja minero. Mi labor es explicar de forma sencilla lo que hacemos y por qué lo hacemos, siempre dentro de las leyes del país y con el rigor científico que merece el tema.
Hubo un murmullo breve entre los niños. Algunos lo miraron con respeto, otros con confusión. La palabra “minero” les sonaba lejana, casi como algo subterráneo, a pesar de que muchas de las cosas que usaban a diario -desde las tabletas incluso los pupitres metálicos- tenían una historia que empezaba bajo la tierra.
La profesora, con gesto pensativo, continuó la conversación.
– ¿Y eso exactamente qué significa? Porque cuando hablamos de minería en nuestro país, solemos hablar también de conflictos: permisos, agua, huella ambiental… y noticias de ríos contaminados o comunidades que protestan en el interior.
El abogado se acomodó los lentes y respondió con serenidad.
– Significa que la tierra tiene derechos, y las personas también. Mi trabajo es ayudar a que se encuentren sin lastimarse. El Estado pone las reglas, las empresas las siguen, y mi papel es asegurar que ese diálogo sea honesto, público y transparente.
Hizo una breve pausa y añadió:
– A veces eso significa sentarme en una mesa con comunitarios, ingenieros y autoridades para revisar juntos un estudio de huella ambiental; otras veces, acompañar a los técnicos que miden la calidad del agua de un río de nuestra cordillera o de una cuenca cercana a una comunidad, y divulgar esos resultados para que cualquiera pueda leerlos. Si algo no cuadra, hay que corregirlo, aunque sea incómodo.
– Yo defiendo la minería, sí -continuó- pero solo cuando respeta la ley y a la gente. En un país pequeño como el nuestro, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos muchas veces.
La profesora lo escuchó en silencio. Después asintió con una sonrisa breve, la de quien no concede, pero respeta.
– Entonces usted no defiende a las empresas, sino a la palabra empeñada -dijo ella.
– Exactamente –
