El escándalo en Senasa ha dejado al descubierto una situación alarmante. Y es que no se trata solo de las cifras que se van conociendo o del número de detenidos, sino de un problema más profundo que va más allá de cualquier proceso penal: el reparto de puestos públicos como botín político. El clientelismo, que ha sido utilizado como método de gobierno durante décadas, ha penetrado en instituciones que requieren de conocimiento técnico y criterios profesionales, no de lealtades coyunturales o favores acumulados durante campañas políticas.
Es necesario preguntarse, con calma pero sin ingenuidad: ¿cuál de los imputados en este caso realmente posee experiencia en la administración de sistemas de salud? ¿Quién llegó a su puesto por méritos propios y quién por los turnos de un sistema de reparto que tanto daño ha causado a la institucionalidad de nuestro país? Cuando los nombramientos se hacen por cuotas, tarde o temprano el Estado y la población terminan pagando las consecuencias.
Sin embargo, es importante destacar que toda persona tiene jurisprudencia a la presunción de inocencia. La justicia debe actuar sin apresuramientos, sin espectáculos mediáticos y sin interferencias políticas. Que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, que se acuse a aquellos que lo merezcan y que se archive el caso cuando sea necesario.
Esperemos que este caso sirva como punto de inflexión en nuestra sociedad. Y tengamos esperanzas, con moderado optimismo, de que antes de que termine el siglo, logremos entender que la profesionalización no es un lujo, sino una garantía mínima para un buen gobierno.
Es hora de dejar atrás prácticas políticas del pasado y superar hacia un futuro en el que los puestos públicos sean ocupados por personas capacitadas y competentes. La población merece tener instituciones bien dirigidas y eficientes, y esto solo se logrará si se da prioridad a la meritocracia en el proceso de selección de funcionarios.
Es necesario que se establezcan mecanismos transparentes y objetivos para garantizar que los cargos públicos sean otorgados a aquellos que realmente tienen las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñarlos de forma eficiente. Además, es esencial que se implementen medidas de rendición de cuentas y se promueva la participación ciudadana en la vigilancia y control de las instituciones públicas.
Solo así podremos construir un país en el que la corrupción y el clientelismo no tengan cabida y en el que se promueva una verdadera cultura de profesionalismo y ética en la función pública.
Es hora de que todos, ciudadanos y líderes políticos, nos comprometamos a trabajar por un país en el que el mérito y la capacidad sean los únicos criterios para ocupar puestos públicos. Un país en el que las instituciones estén al servicio del bien común y no de intereses particulares.
Este escándalo en Senasa nos debe servir como un llamado de atención y una ocasión para impulsar cambios profundos en nuestra sociedad. No podemos seguir permitiendo que la politiquería y el clientelismo sigan dañando nuestras instituciones y afectando a nuestra población.
Ha llegado el momento de tomar medidas concretas y construir un futuro en el que el profesionalismo y la integridad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Hagamos que este sea el punto de partida para un cambio real y duradero en beneficio de todos los dominicanos.
