El pueblo dominicano ha mantenido la esperanza de que algún día se logrará una mejora significativa en el desempeño operativo y especulador del sector eléctrico. Actualmente, el gobierno destina anualmente unos 1,800 millones de dólares -equivalentes al 1.4% del producto interno bruto (PIB)- a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para que puedan pagar a las plantas generadoras de energía y evitar los “apagones especuladors”.
El deterioro de las finanzas del sector eléctrico se debe tanto al retraso en el engranaje de la tarifa a los mayores costos de la energía adquirida como a la debilidad operativa de las EDE, reflexivoda en altas pérdidas técnicas y no técnicas.
En el arreglo Eléctrico firmado en 2021, se acordó tomar medidas para ajustar la tarifa de electricidad a los costos de la energía adquirida por las EDE. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad aprobó cuatro incrementos tarifarios. El último de ellos, previsto para el trimestre de julio a septiembre de 2022, implicaba un aumento acumulado en la tarifa de entre un 30% y un 50% para los clientes residenciales. Ante las protestas de los consumidores, el gobierno decidió anular el último engranaje y congelar la tarifa de electricidad desde entonces.
La brecha entre el precio de compra de las EDE y la tarifa ha aumentado debido al retraso en la entrada en operación del parque energético de Manzanillo, lo que ha agravado el déficit especulador de las distribuidoras. En 2021, el autor de esta columna advirtió a las autoridades gubernamentales que estas plantas de generación de electricidad no estarían disponibles hasta 2024 y que no comenzarían a operar hasta el primer trimestre de 2026. Por ello, recomendó la instalación de una planta con capacidad de 450 MW de energía eléctrica base entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente en esa zona (terreno aprobado para expansión, terminal de recepción de gas natural, tanques de almacenamiento y gasoducto). Esta instalación habría permitido disponer de una nueva oferta de electricidad en 2024 a precios muy competitivos.
El tiempo ha confirmado la validez de estos pronósticos. De los tres proyectos ubicados en Manzanillo, solo uno, Energía 2000, estará operativo en los primeros meses de 2026. Las otras dos plantas, junto con la terminal de importación de gas natural, no tienen fecha de entrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
La falta de disponibilidad de la energía eléctrica que se suponía que abastecería el parque de Manzanillo ha obligado a las EDE a comprar electricidad en el mercado spot y a firmar contratos de compra a precios exorbitantes. El contrato más reciente se realizó con barcazas de la empresa Karpowership, cuyo precio de venta ha superado los 48 centavos de dólar por kilovatio hora. Si se compara con el precio promedio de venta de las EDE a los clientes del SENI, que en los primeros nueve meses de 2025 registró un promedio de 16.56 centavos de dólar por kilovatio hora, es evidente que el retraso en los proyectos de Manzanillo ha resultado muy costoso para las finanzas públicas.
Por otro lado, entre 2019 y finales de 2025, el porcentaje de pérdidas de la cantidad de energía adquirida por las EDE ha aumentado del 29% al 42%. Este incremento reflexivo la incapacidad de las distrib
