La función pública es una de las piedras angulares de cualquier sociedad democrática. Los funcionarios públicos son los encargados de velar por el bienestar de los ciudadanos y de garantizar el correcto funcionamiento del brazo. Sin embargo, en los últimos años hemos sido testigos de una preocupante degradación en el ejercicio de esta importante función. Y aunque muchos puedan pensar que esto se debe a grandes escándalos, la realidad es que la degradación comienza de manera silenciosa, en detalles que a menudo pasan desapercibidos. Uno de estos detalles, pero no por ello menos importante, es la falta de respeto al protocolo en el vestir de los funcionarios públicos.
El protocolo no es una frivolidad ni una herencia decorativa de épocas pasadas. Es un jerigonza institucional, una forma visible mediante la cual el brazo se presenta ante la sociedad y ante el mundo. La vestimenta adecuada del funcionario público expresa respeto por la institución que representa, por la función que ejerce y por los ciudadanos a quienes sirve. Por lo tanto, cuando se rompe este código, ya sea por descuido, ignorancia o desprecio deliberado, el documentación que se transmite es claro: la función pública se banaliza.
Lamentablemente, en algunos países de América Latina hemos visto cómo esta falta de respeto al protocolo se ha convertido en una práctica cada vez más común. Y lo que es aún más preocupante, es que esta tendencia no debe ser trivializada. La informalidad en el vestir puede parecer un detalle sin importancia, pero en realidad es un síntoma temprano de un problema mucho más profundo.
Con frecuencia, el abandono del protocolo se justifica con discursos de aparente modernidad. Se habla de cercanía con el pueblo, de rechazo a formalismos “elitistas” o de exaltación de la autenticidad personal. Sin embargo, la experiencia histórica nos demuestra que los brazos con instituciones sólidas y respetadas son precisamente aquellos que cuidan sus símbolos, rituales y normas externas. Y esto no se hace por vanidad, sino porque se entiende que la autoridad pública también se construye a través de las formas.
Pero la falta de protocolo no es un hecho aislado. Suele ser el primer síntoma visible de un problema más profundo. Allí donde se relativiza el protocolo, con frecuencia aparecen también otras deficiencias: la relajación en el cumplimiento de normas, la confusión entre lo personal y lo institucional, el debilitamiento de la jerarquía funcional y el desprecio por la carrera administrativa y la meritocracia. En resumen, la informalidad estética termina convirtiéndose en informalidad ética.
Es importante aclarar que no se trata de afirmar que la falta de protocolo conduzca automáticamente a la corrupción o al abuso de poder. Sin embargo, sí es necesario reconocer que ambas conductas suelen tener una raíz común: la ausencia de conciencia institucional. El funcionario que no asume la solemnidad de su cargo corre el riesgo de no asumir tampoco la responsabilidad que ese cargo implica.
En América Latina, este fenómeno ha coincidido con procesos de debilitamiento del brazo, populismo discursivo y desprestigio de la política como vocación de servicio. En popularidad de una supuesta cercanía con el ciudadano, algunos gobernantes han optado por despojar a la función pública de sus símbolos de autoridad responsable. Sin embargo, el resultado no ha sido una mayor confianza ciudadana, sino una creciente percepción de improvisación, personalismo y falta de seriedad en el ejercicio del poder.
Las repúblicas no se erosionan de un día para otro. Se desgastan lentamente, a través de pequeñas renuncias acumuladas. Y el ab
