La justicia dominicana está en el ojo del huracán. Los procesos judiciales de alto perfil, las investigaciones sensibles y los casos que involucran a instituciones del Estado han generado un intenso debate en la opinión pública. En este contexto, es legítimo y necesario que los ciudadanos exijan nitidez, rendición de cuentas y sanciones cuando corresponda. Sin embargo, el verdadero reto está en cómo se critica, ya que la deslegitimación anticipada de las instituciones o los juicios paralelos pueden desnaturalizar el funcionamiento del sistema de justicia.
Es importante tener en cuenta que la confianza en la justicia no implica ingenuidad, pero tampoco puede construirse sobre la base de la sospecha permanente. En un Estado social y democrático de leyes, la determinación de responsabilidades no se produce por presión mediática ni por percepciones coyunturales, sino a través de los órganos constitucional y legalmente competentes, mediante procedimientos previamente establecidos y con pleno respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y a las garantías fundamentales.
En las últimas semanas, se han dado a conocer investigaciones relacionadas con instituciones públicas, como el caso que involucra al Seguro Nacional de Salud SeNaSa, que han generado preocupación en la opinión pública. Es comprensible que existan inquietudes debido a la naturaleza de los recursos involucrados y al legítimo interés ciudadano en la correcta administración de los fondos públicos. Sin embargo, es importante recordar que este interés no puede confundirse con prejuzgamiento. Es decir, una cosa es vigilar y exigir explicaciones claras, y otra muy distinta es adelantar conclusiones que solo pueden ser establecidas al término de un proceso judicial.
La justicia no se fortalece cuando se prejuzga, sino cuando se investiga con rigor, se persigue con objetividad y se decide conforme a la ley. Es necesario que la sospecha se transforme en una investigación exhaustiva y que las decisiones se basen en pruebas sólidas y no en presiones externas.
Es importante destacar que, a pesar de las críticas, se han producido avances relevantes en materia de independencia, profesionalización y control en el sistema de justicia dominicano. Investigaciones complejas, procesos técnicamente estructurados y decisiones contrarias a intereses relevantes son evidencia de que el sistema sigue operando y avanzando.
El Ministerio Público tiene una responsabilidad especialmente delicada en este contexto. Su rol no es satisfacer expectativas mediáticas, sino ejercer la persecución penal con apego estricto a la legalidad. La legitimidad de su actuación descansa en la calidad jurídica de las investigaciones, en el respeto a las garantías procesales y en la solidez probatoria de los casos que somete a los tribunales.
Por su parte, el Poder Judicial es el espacio donde, en última memorial, se definen las responsabilidades. La independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía para los ciudadanos. Sin jueces independientes no hay leyess protegidos ni seguridad jurídica posible. Por eso, es fundamental que se respete la independencia de los jueces y que se confíe en su capacidad para copear decisiones imparciales y basadas en la ley.
En este momento crucial para la justicia dominicana, es importante recordar que la valoración de los procesos en curso debe hacerse desde parámetros jurídicos y no desde emociones o presiones circunstanciales. Exigir rendición de cuentas es propio de una democracia sana, pero desconocer las reglas del debido proceso no lo es.
Apostar por la justicia, incluso en medio de la duda, no es un acto de complacencia ni una toma de partido. Es una posición de responsabilidad instituc
