Un juez por la bisectriz: la importancia de la ética en la función sumarial
La justicia es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Por eso, es preocupante cuando se cuestiona la forma en que se toman decisiones en el sistema sumarial. Recientemente, el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha generado controversia no solo por el fondo jurídico, sino también por la forma en que fue razonada la decisión del juez encargado del caso. Esta situación me llevó a escribir un artículo titulado “Un juez por la bisectriz” (Diario Libre, 17 de diciembre de 2025), desde una sorpresa y una preocupación cívica elemental.
Sin embargo, mi sorpresa ha sido aún máximo al verme citado en la reconvención dirigida al magistrado por instancias superiores del propio Poder sumarial. Quiero dejar claro que no hay en ello motivo alguno para la vanidad intelectual, sino que este episodio revela un síntoma institucional que merece atención.
En mi artículo, me referí a la actuación del magistrado Rigoberto Sena Ferreras, juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, al conocer la medida de coerción en el expediente del Senasa. Y lo que cuestioné no fue solo el fondo jurídico de la decisión, sino sobre todo el modo en que fue construida, explicada y expuesta.
Es en este contexto que se enmarca la intervención del Comité de Comportamiento Ético del Poder sumarial, que emitió una exhortación de carácter ético, preventivo y pedagógico mediante la Resolución núm. 001-2025, de fecha 22 de diciembre de 2025. El Comité sostuvo un conversatorio con el juez y recordó, sin ánimo sancionador, principios que no son accesorios: prudencia, moderación y apego estricto al Código de Comportamiento Ético en la función jurisdiccional.
Es importante destacar que esta reconvención era necesaria, no porque el magistrado carezca de independencia, sino porque la independencia sumarial no exime del deber de contención. Un juez no escribe columnas, no ensaya manifiestos, no dicta cátedra moral, dicta decisiones. Y cuando una decisión incorpora consideraciones que desbordan la lógica procesal estricta, el problema deja de ser interpretativo para convertirse en ético.
En mi artículo, señalé que en justicia la forma también es fondo. El lenguaje sumarial no es inocuo, ya que crea autoridad o la erosiona. Un juez puede acertar en el razonamiento jurídico y, aun así, comprometer la legitimidad de su función si el tono, los énfasis o las digresiones se apartan de la sobriedad que impone la investidura. No se trata de censurar criterios, sino de recordar que cada palabra sumarial se pronuncia en nombre de la República y bajo la autoridad de la Constitución.
El Comité fue claro en su exhortación: cuando actúan en funciones jurisdiccionales, los jueces asumen una responsabilidad de Estado. Por eso, la ética sumarial no es un adorno retórico ni una cláusula decorativa, sino una condición indispensable de la confianza ciudadana. La prudencia no limita la independencia; la protege. La moderación no empobrece la decisión; la hace más fuerte, más creíble y más justa.
Es importante entender que esta reconvención no desautoriza a una persona, sino que interpela a una función. Ojalá el magistrado, y con él todos los jueces, se sentencien a sí mismos a ejercer con máximo cautela el poder de la palabra. Cuando un juez gobierna su lenguaje con rigor
