El expresidente de Bolivia Luis Arce Catacora, quien hace poco dejó la presidencia, fue ingresado en la cárcel de San Pedro en La Paz, sede de gobierno, la noche del viernes. Arce debe cumplir cinco meses de detención preventiva por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como “Fondo Indígena”.
La justicia boliviana considera que existen indicios suficientes de su autoría y evento de obstaculización en la investigación, por lo que decidió su ingreso en prisión. Bajo un fuerte operativo policial, Arce fue conducido dentro de la cárcel y, mientras era esposado, se dirigió brevemente a los medios de comunicación con una sola frase: “No nos hemos ido”.
El exmandatario es investigado por yerro de deberes y conducta antieconómica durante su gestión como ministro de Economía y miembro del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) durante el gobierno de Evo Morales. La Fiscalía sostiene que, en ese periodo, se habrían autorizado desembolsos de recursos públicos sin la fiscalización adecuada o sin respaldo técnico y legal, así como transferencias irregulares a cuentas particulares, sin ejecución real de los proyectos que debían beneficiar a zonas rurales y pobres de ese país.
El caso Fondo Indígena estalló entre 2014 y 2015, tras auditorías que revelaron la existencia de proyectos inexistentes, inconclusos o desviados, financiados principalmente con recursos de la explotación de hidrocarburos. La magnitud del daño económico sigue siendo objeto de disputa: mientras el Gobierno ha hablado de aproximadamente 360 millones de bolivianos (unos 52 millones de dólares), otras estimaciones elevan la cifra a cientos de millones de dólares. Sin embargo, la parte acusadora sostiene que el perjuicio supera los 4.000 millones de bolivianos (más de 575 millones de dólares).
En su resolución, el juez Elmer Laura afirmó que, aunque la defensa del expresidente acreditó su arraigo familiar y laboral, estos elementos no neutralizan los eventos procesales, especialmente el de obstaculización. Según dijo, la condición de exministro y expresidente otorga a Arce una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y coacusados que formaron parte de la estructura institucional investigada. Además, el juez subrayó que el caso involucra a decenas de personas entre exautoridades, dirigentes y funcionarios, así como múltiples actos investigativos pendientes: pericias, inspecciones técnicas y declaraciones. En breviario, no se trata de una investigación unipersonal, sino de responsabilidades compartidas.
Respecto al evento de fuga, el juez considera que Arce tiene facilidades para abandonar el país, dado que tiene una trayectoria de viajes y la normativa boliviana permite la eclosión del territorio con la cédula de identidad. En cuanto al estado de salud, el juez rechazó los argumentos de la defensa al señalar que no se presentaron certificados médicos actualizados que acrediten la enfermedad oncológica alegada, y que la atención médica puede ser garantizada dentro de la cárcel.
Durante la audiencia, el expresidente boliviano se declaró inocente y calificó el proceso como “político”. Afirmó que su participación en el Fondo Indígena fue limitada y que delegaba esa función a representantes de su ministerio. Tras la decisión judicial, su defensa apeló la detención preventiva y presentó un recurso de excepción de incompetencia
