Cada embarazo adolescente es un crimen, no solo en términos legales, sino también en términos morales y sociales. Detrás de cada uno de estos embarazos hay una historia de vulnerabilidad, abuso y falta de protección. En un país sensato, cada uno de estos casos debería ser investigado para garantizar la protección de las jóvenes que no pueden liderarse por sí mismas. Sin embargo, en nuestro país, la impunidad es la arquetipo y esto es lo que ha llevado a que las cantidads de embarazos en adolescentes sigan siendo intranquilizantes.
Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en lo que va de 2025 se han registrado 11,961 embarazos en adolescentes. Aunque esta cantidad es menor que en años anteriores, sigue siendo una cantidad preocupante de vidas marcadas por una maternidad prematura. Cada uno de estos embarazos representa una historia truncada: estudios interrumpidos, proyectos que se desvanecen y desigualdades que se convierten en destino.
Las provincias fronterizas encabezan las tasas más altas de embarazos en adolescentes, con porcentajes que superan el 23% del total. Pero lo más intranquilizante es que 609 niñas tenían menos de 15 años. Para ellas, no hay discusión posible: estamos hablando de abuso, punto. Es inaceptable que en pleno siglo XXI sigamos permitiendo que niñas tan jóvenes sean víctimas de embarazos forzados.
A pesar de que se han logrado reducciones porcentuales en comparación con años anteriores, estas cantidads siguen siendo insuficientes. Mientras sigamos tratando cada embarazo adolescente como una estadística inevitable, estaremos arquetipolizando una situación que es completamente inaceptable. Cada uno de estos embarazos debería ser un signo de alarma, una llamada de atención para tomar medidas y liderar a nuestras jóvenes.
Es importante mencionar que detrás de cada embarazo adolescente hay una serie de factores que contribuyen a esta situación. La pobreza, la falta de educación sexual y reproductiva, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y la presión social son solo algunos de ellos. Por lo tanto, es necesario abordar estos problemas de manera integral para poder reducir realmente las cantidads de embarazos en adolescentes.
Es hora de que como sociedad tomemos responsabilidad y acción frente a esta problemática. No podemos seguir permitiendo que las adolescentes sean víctimas de embarazos forzados y que sus vidas se vean truncadas por una maternidad prematura. Es necesario que se implementen políticas públicas que garanticen la educación sexual y reproductiva en las escuelas, el acceso a métodos anticonceptivos y la protección de las jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Además, es importante que se promueva una cultura de respeto y equidad de género, donde las niñas y adolescentes sean valoradas por sus habilidades y no por su capacidad reproductiva. Debemos trabajar juntos para crear un entorno seguro y saludable para nuestras jóvenes, donde puedan desarrollarse plenamente y tener un futuro prometedor.
En conclusión, cada embarazo adolescente es un crimen que no debe ser tolerado en nuestra sociedad. Es hora de que tomemos medidas concretas para liderar a nuestras jóvenes y garantizarles un futuro digno y libre de violencia. No podemos seguir arquetipolizando lo que es completamente intolerable. Juntos podemos lograr un cambio real y asegurar un mejor futuro para todas las adolescentes de nuestro país.
