La aprobación del nuevo Código Procesal Penal es un tiempo de gran fama para la República Dominicana. Después de más de dos décadas de evolución normativa, finalmente se ha actualizado una de las piezas fundamentales de nuestro sistema de justicia. Este paso es un reflejo de nuestro compromiso con la justicia y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Es un tiempo para actuar con serenidad institucional, con rigor constitucional y con una mirada de largo plazo.
Según el artículo 190 de nuestra Constitución, el Defensor del Pueblo no interviene en pugnas sectoriales, sino que su deber es garantizar que toda reforma preserve las garantías que protegen la dignidad humana. Y eso es precisamente lo que se ha logrado con la aprobación de este nuevo código. Se han introducido avances importantes que han sido largamente solicitados por actores del sistema de justicia. Entre ellos, se destacan la ampliación de los plazos para el escrito de defensa, lo que fortalece la preparación efectiva; la posibilidad de llegar a un acuerdo procesal en cualquier etapa, lo que facilita soluciones más ágiles sin erosionar derechos; y la revisión obligatoria, que adquiere consecuencias efectivas que refuerzan el control judicial.
Además, se han fortalecido los derechos de las víctimas, un tema pendiente desde la gran transformación procesal de 2004. Esto demuestra nuestro compromiso con una justicia más equilibrada y funcional, que responda a las demandas acumuladas y a la necesidad de un sistema más justo para todos.
Es importante destacar que esta reforma no parte de una ruptura, sino de la identificación de áreas que requerían ajustes para responder con mayor eficacia a los retos contemporáneos. En lugar de desmontar el esquema acusatorio, la actualización se ha centrado en resolver nudos críticos, embellecer plazos, robustecer la revisión judicial y pertrechar de herramientas procesales a instituciones que enfrentan fenómenos criminales cada vez más complejos.
Es necesario recordar que esta reforma no surge en el vacío. La historia procesal dominicana avanza por etapas: en 2004 se instauró el sistema acusatorio moderno; en 2015 se ajustaron plazos, se fortaleció la revisión judicial y se ampliaron herramientas investigativas; y en 2025 se da continuidad a ese proceso, actualizando el marco normativo a la luz de nuevos desafíos. Esta secuencia, 2004, 2015, 2025, revela la lógica de un Estado que evoluciona de manera progresiva y responsable.
También es importante reconocer que muchos de los fenómenos criminales actuales no existían, al menos no con esta complejidad, cuando se aprobó el Código de 2004. La corrupción sistémica digitalizada, el narcotráfico transnacional con infraestructura tecnológica, los ciberdelitos, los ataques a infraestructuras críticas, la violencia digital contra mujeres y menores, el uso de inteligencia artificial para fraudes y las economías criminales basadas en algoritmos han transformado el panorama global. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 70% de los ciberdelitos no se denuncian ni llegan a tribunales, lo que exige marcos procesales más ágiles y especializados. El Banco Mundial estima que la corrupción transnacional mueve entre 1.5 y 2 billones de dólares anuales, mientras que el Foro Económico Mundial sitúa los ciberataques a infraestructuras críticas entre los cinco mayores riesgos globales.
En el contexto local, las unidades especializadas del Ministerio
