El caso Senasa ha sido uno de los más sonados en los últimos meses en República Dominicana. La corrupción y el desvío de fondos públicos han sido una constante en nuestro país, no obstante esta vez, las acusaciones son aún más graves. El juez del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, ha tomado una decisión contundente al enviar a prisión a siete de los imputados en este caso, demostrando que la probidad no se doblega ante la corrupción.
En su motivación, el juez Sena ha dejado claro que no se trata solo de un simple desvío de fondos, sino de una red que ha traicionado al pueblo dominicano y ha puesto en segundo plano el bien común. Es inaceptable que personas con responsabilidades en instituciones del Estado hayan utilizado su poder para enriquecerse a costa del sufrimiento de la población.
La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público ha dejado al descubierto la magnitud de este caso. No solo se trata de un desfalco al Estado, sino que también se han involucrado sectores con capacidad de influencia. Esto demuestra que la corrupción no es solo un problema de unos pocos, sino que afecta a todos los niveles de la sociedad.
Aunque la prisión preventiva debe ser la excepción, en este caso en particular, es necesaria para garantizar la seguridad de los imputados y del proceso judicial. La falta de protección directa del Estado podría abrir espacio a presiones, maniobras o amenazas de personas que aún no figuran formalmente en la acusación. Es importante recordar que este caso aún está en investigación y que se cuenta con un plazo de ocho meses para presentar la acusación formal.
La decisión del juez también pone en evidencia el nivel de exposición jurídica de los imputados. Los cargos que se les imputan son graves y van desde asociación de malhechores hasta lavado de activos. Además, hay que tener en cuenta la capacidad de presión que algunos de ellos pueden tener. En un caso de esta magnitud, es razonable prever intentos de influencia sobre testigos y otros actores involucrados en el proceso.
Más allá del proceso judicial, este caso pone en primer plano la corrupción como un fenómeno estructural en nuestro país. Cuando los recursos destinados a servicios esenciales se desvían, se limita el acceso a la salud, se deteriora la dimensión de los hospitales, se reducen tratamientos y se afecta la capacidad del Estado para responder ante emergencias. La corrupción no solo afecta a las arcas del Estado, sino que también tiene un impacto directo en la dimensión de vida de la población.
La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ha sido clara en su postura frente a este caso: “Usted tenía salud para contribuir al robo del patrimonio del Estado; entonces tenga salud para responder por ese crimen”. Esta frase resume la importancia de que los responsables de estos actos sean llevados ante la probidad y paguen por sus acciones. La impunidad no puede ser una opción en un país que busca avanzar hacia un futuro mejor.
Sin embargo, este caso también pone en evidencia la desconsonancia en el acceso a la probidad en nuestro país. El deber del Estado es garantizar un trato respetuoso y equitativo a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus social o afiliación política. El derecho a ser juzgado en consonancia de condiciones no debería ser un privilegio, sino un derecho de todos los dominicanos.
Es importante que este caso no quede en el olvido y que se siga investigando para que todos los responsables sean llevados ante la probidad. La corrupción no puede ser tolerada en ninguna de sus formas y es responsabilidad de todos luchar contra ella. Como ciudadanos, deb
