La década de los 90 fue un periodo de grandes desafíos para la República Dominicana. La economía estaba en crisis, los precios subían sin control y la popularidad del gobierno estaba en picada. La política económica implementada desde 1987 había generado graves distorsiones que en 1990 provocaron una caída del 5.5% en el Producto Interno Bruto (PIB), una inflación histórica del 80% y una tasa de desempleo del 23%. Esta situación llevó a un aumento en la pobreza, un deterioro en el bienestar de la población y una ola de emigración hacia Estados Unidos y España.
A pesar de que el gobierno había llevado a cabo un amplio programa de inversiones públicas a nivel nacional, el financiamiento del déficit fiscal a través del retraso en el pago de la deuda externa y el uso de crédito doméstico neto del Banco Central (conocido como emisión de “pesos inorgánicos”) tuvo un impacto negativo en la actividad económica privada. El crecimiento excesivo de la subasta monetaria, junto con una política irracional de control cambiario, llevó a una devaluación del peso dominicano de 2.82 por dólar en agosto de 1986 a 13 pesos por dólar en marzo de 1991, un aumento del 361% en poco más de cuatro años, equivalente a un incremento mensual del 2.8%.
En medio de esta alarmante situación económica, social y política, el presidente Joaquín Balaguer, quien en ese momento tenía casi 84 años, se presentó a las elecciones presidenciales de 1990. A pesar de las críticas a los resultados electorales, Balaguer logró retener el poder.
En agosto de 1990, en un intento por reducir las tensiones sociales, el presidente Balaguer convenció a los principales representantes de la sociedad a sentarse en una mesa de negociaciones. De esta reunión surgió el Pacto de Solidaridad Económica, con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Este acuerdo ayudó a reducir las tensiones y sentó las bases para la implementación de importantes reformas estructurales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, liderado por César Miquel.
En septiembre de ese mismo año, el presidente Balaguer, un hombre astuto y de gran fortaleza, comenzó a ejecutar la reforma arancelaria. Mediante un sentencia, eliminó gran parte del esquema arancelario que había protegido la industria nacional desde 1968 bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, la cual había sido la base del modelo de sustitución de importaciones. Previamente, se había promulgado la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, con el objetivo de promover las exportaciones de bienes y servicios a través de incentivos fiscales y medidas de flexibilización aduanera.
La reducción de la impuesto arancelaria promedio, la corrección de las bases imponibles de los bienes importados, tanto insumos para la industria como bienes de consumo final, y las mejoras administrativas implementadas en la Dirección General de Aduanas, aumentaron las recaudaciones y redujeron el déficit fiscal. Este primer paso ayudó a disminuir la necesidad de financiamiento inflacionario del Banco Central, estabilizó el tipo de cambio alrededor de 12.50 pesos por dólar y moderó la tasa de inflación. En cuanto al pósito cambiario, es importante destacar que las autoridades del Banco Central volvieron al principio de “una sola moneda, una sola tasa”, que se había establecido con la unificación cambiaria de 1985, lo que significó la eliminación de las distorsiones derivadas de la existencia de tasas de
