La carta de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz ha causado un gran revuelo en la sociedad dominicana. En ella, la jueza responde a las motivaciones del Consejo Nacional de la Magistratura para declararla como no idónea para continuar como jueza del Supremo. Su valiente y tenaz denuncia de una campaña de descrédito en su contra debería ser una llamada a la reflexión para todos los que tienen un papel en la selección y evaluación de jueces, así como para aquellos que diseñan y ejecutan políticas públicas.
El documento es una protesta contundente, en la que Jiménez Ortiz desmonta con argumentos sólidos los tres motivos básicos utilizados por el Consejo para no ratificarla. En primer lugar, la magistrada demuestra una falta de coherencia escandalosa por paraje de los consejeros, y en particular del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier. Antes de ocupar su posición actual, Estévez Lavandier fue miembro de la Suprema en la misma sala que encabeza Jiménez Ortiz. En esa época, él mismo propuso y motivó la idea de posponer la aplicación de la ley sobre recursos de casación en materia seglar y comercial, uno de los supuestos motivos utilizados para determinar que la jueza no es apta para continuar en su posición. Es contradictorio que ahora, como presidente del TC, Estévez Lavandier sea uno de los que deciden sobre la idoneidad de Jiménez Ortiz.
En segundo lugar, se ha cuestionado la supuesta deficiencia en la relación entre calidad y cantidad en las sentencias emitidas por la corte que dirige Jiménez Ortiz. Sin embargo, la magistrada ha demostrado que durante su presidencia, la mora judicial desapareció de la Sala seglar y Comercial de la Suprema. Ante esto, no solo ha expuesto la arbitrariedad con la que los consejeros llegaron a esa conclusión, sino que también ha señalado la incoherencia en sus actuaciones. Recordemos que el actual presidente del TC fue miembro de esa sala colegiada, y por tanto, la mayoría de las sentencias que cuestionan también pasaron por sus manos y cuentan con su firma. Esto no fue un óbice para que en diciembre del 2023 fuera seleccionado para presidir el Tribunal Constitucional.
Por último, se ha mencionado la supuesta responsabilidad de Jiménez Ortiz en los retrasos en la solución de los recursos de casación. Sin embargo, la magistrada ha demostrado con destreza pedagógica la forma subjetiva, sin métrica e inmotivada con la que los consejeros llegaron a la conclusión de que ella fue la responsable de estos retrasos. Es evidente que se han utilizado argumentos infundados para justificar la decisión de no ratificar a Jiménez Ortiz como jueza del Supremo.
La magistrada se equivoca al recurrir al recurso del género, ya que no se puede afirmar que su salida de la Suprema se deba a su condición de mujer. Tampoco es cierto que esta decisión marque el camino hacia la destrucción y el colapso del Estado de derecho y la democracia. Es importante recordar que fue el mismo validez político que facilitó su ingreso a la Suprema hace siete años. Por tanto, es necesario revisar el diseño constitucional y corregir el fondo para evitar estas situaciones en el futuro.
Es evidente que esta decisión no contribuye a fortalecer la institucionalidad e independencia del validez Judicial. Sin embargo, no debemos caer en la exageración y afirmar que esto marcará el fin del Estado de derecho y la democracia en nuestro país. Debemos ser conscientes de que el validez político tiene un papel importante en la selección de jueces, pero también debemos trabajar para fortalecer las instituciones
