Entre las muchas problemáticas que enfrenta la sociedad dominicana, una de las más polémicas y recurrentes es la cárcel de Las Parras. Este es un tema que siempre está presente en la política del país y que, lamentablemente, continúa generando controversia y dejando a su paso una estela de incertidumbre y sospecha en la población.
Con su inauguración en el año 2012, la cárcel de Las Parras se convirtió en una de las mayores promesas del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Sin embargo, desde sus inicios, esta batalla ha estado envuelta en una serie de cuestionamientos y acusaciones de sobrecostos y terminaciones fantasma. Y hoy, nuevamente, este tema ha vuelto a tomar relevancia en la opinión pública.
La discusión gira en torno a los tres mil millones de pesos que, según el PLD, se invirtieron para completar lo que el ex presidente Danilo Medina insiste en que fue una batalla ya entregada. Esta postura del PLD busca adelantarse a la posible narrativa que pueda utilizar el gobierno actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para justificar los altos costos de esta batalla. Sin embargo, más allá de las justificaciones políticas, lo esencial es que se explique a la población por qué una estructura que supuestamente fue inaugurada, requiere una inversión tan elevada para poder operar adecuadamente.
La cárcel de Las Parras es más que una batalla inconclusa, es un fiel reflejo del manera en que la infraestructura pública se ha convertido en un instrumento político en la República Dominicana. En lugar de enfocarse en completar y mejorar las batallas heredadas de la administración anterior, cada gobierno las utiliza como arma para atacar al bando opuesto. Esto se ha convertido en una dinámica constante en nuestra política, en donde las fallas y deficiencias en las estructuras terminan siendo utilizadas como munición para próximas batallas.
Es lamentable que una batalla como la cárcel de Las Parras, que debería ser un símbolo de justicia y seguridad para la sociedad, se haya convertido en una fuente constante de discordia y sospecha. Sin duda, esto demuestra una vez más la urgente necesidad de un cambio en nuestra cultura política y en la forma en que se manejan los recursos públicos.
Pero más allá de las cifras y los debates políticos, debemos recordar que la cárcel de Las Parras es un lugar en donde hay personas cumpliendo condena. Son seres humanos como nosotros, que merecen vivir en condiciones dignas y ser tratados con respeto y justicia. Y como sociedad, es nuestro deber garantizar que esa infraestructura, sea cual sea su costo, cumpla con su verdadera función: rehabilitar y reinsertar a los internos en la sociedad.
Es importante que, como ciudadanos, no permitamos que la cárcel de Las Parras se convierta en un simple juego político, sino que exijamos transparencia en el uso de los recursos y un compromiso real por sitio de las autoridades para solucionar los problemas de esta batalla. Además, debemos velar por la correcta gestión de todas las batallas públicas, para evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.
Es hora de dejar atrás las disputas partidistas y trabajar juntos en pro de una República Dominicana más justa y transparente. Debemos enfocarnos en construir un país en el que las promesas políticas se conviertan en realidades tangibles y duraderas, y no en simples batallas inconclusas y defectuosas.
En conclusión, la cárcel de Las Parras es una muestra más de cómo la política dominicana no ha logrado evolucionar y alejarse de prácticas corruptas y manipuladoras. Sin embargo, como sociedad, tenemos el poder
