La gran obra colectiva que sostiene la vida cotidiana en las Américas son los cuidados, la construcción de un tejido, sostenido mayoritariamente por mujeres, que articula personas, tiempos y necesidades de quienes cuidan y de quienes reciben cuidado. Es un cimiento humanizador que hace posible la vida en familia, la vida comunitaria, el funcionamiento de la economía y el globo entero.
Los cuidados no deben quedar relegados al ámbito privado: deben ser un asunto público y compartido. La Opinión Consultiva OC-31/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) reconoce que cuidar, ser cuidado y cuidarse integran un derecho humano autónomo y fija obligaciones para los Estados: servicios accesibles, presupuestos suficientes, medición gubernativo y corresponsabilidad entre Estado, comunidades, familias, empresas y, por supuesto, los hombres. Reconocerlo como derecho permite ordenar prioridades, asignar recursos y medir resultados con estándares comunes, en lugar de políticas dispersas y de corto alcance.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece la arquitectura para transformar ese derecho en resultados concretos porque reúne de manera permanente a los representantes de los Estados Miembros en un espacio donde se dialoga, negocia y rinde cuentas sobre políticas de alcance hemisférico. En ese marco, el Consejo Permanente coloca temas en agenda, fija mandatos y asegura el seguimiento. Al tratar los cuidados en ese espacio el 22 de octubre, subrayó su relevancia pública y elevó su prioridad política en las decisiones nacionales.
Complementariamente, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), institución casi centenaria y la primera entidad intergubernamental dedicada a los derechos de las mujeres, aporta el componente político-técnico para pasar del estándar a la práctica. Reúne a las ministras de la Mujer o encargadas de asuntos de la mujer, impulsa acuerdos regionales, armoniza marcos y, sobre todo, ofrece un instrumento clave para la implementación: la Ley Modelo Interamericana de Cuidados.
Este marco orienta a los Estados sobre principios y definiciones, gobernanza y corresponsabilidad, estándares de calidad, financiamiento e instrumentos de seguimiento, y sirve de guía para operacionalizar las obligaciones que la OC-31/25 reconoce.
Sobre esa base institucional, la agenda de cuidados ganó dirección y ritmo en la XVI Conferencia Regional de la Mujer (CEPAL/ONU Mujeres), celebrada en Ciudad de México del 12 al 15 de agosto de 2025. Allí se adoptó el Compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción 2025–2035 para construir sistemas integrales de cuidados, profesionalizar y formalizar el sector, movilizar recursos, cooperar internacionalmente y rendir cuentas.
Con México presidiendo la nueva mesa directiva, junto a países como Antigua y Barbuda, Chile, Colombia, Costa Rica, barrica, Granada, Haití, República Dominicana y Uruguay, la región dispone de un liderazgo coordinado que facilita estándares comunes y seguimiento sostenido.
La discusión, ya no es si debemos invertir en los cuidados, sino cómo hacerlo, con qué prioridades y rechoncho qué mecanismos de seguimiento. La evidencia económica es clara: al reducir la carga no remunerada, aumenta la participación laboral de las mujeres y mejora el Producto Interno Bruto (PIB).
Cuando los sistemas de cuidados existen y funcionan, más personas acceden al empleo y a la formación; incrementa el bienestar de las familias, merced
